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Hasta 21 personas tuvieron información privilegiada de por dónde iba a ir el planeamiento urbano de Alicante y gracias a ello pudieron beneficiarse bien a través de transacciones inmobiliarias o mediante regalos que recibieron como pago o agradecimiento por haber facilitado esos datos. Ésta es la base del escrito en el que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, vierte todas sus sospechas sobre una presunta trama en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en la que implica a políticos, empresarios, técnicos (entre ellos el redactor del PGOU), directivos de Cam, Bancaja y hasta un abogado que representaba a un grupo de inversores armenios dispuestos.

El acusador público plantea investigar, entre otros, (ver cuadro de la página siguiente) a la actual alcaldesa de la ciudad y anterior responsable de Urbanismo, Sonia Castedo, a su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, al empresario Enrique Ortiz y a su mujer, a directivos de Bancaja y Cam, entre ellos al ex presidente de esta última entidad, Vicente Sala, así como a empleados y amigos del constructor, a ex edil socialista Javier Gutiérrez y a un hermano de Sonia Castedo.

Las pesquisas a las que se refiere el fiscal en este documento forman parte de una de las piezas que se separaron de la investigación que desde 2007 se está llevando a cabo sobre supuestas irregularidades en torno el plan de residuos de la Vega Baja en la que se intervinieron las conversaciones telefónicas de los ahora imputados en ese proceso, entre ellos Enrique Ortiz, nexo común entre ambos procedimientos. El escrito, que obra en poder del juez que ha asumido este asunto, el magistrado Manrique Tejada, se encuentra bajo secreto de sumario pero por un error del juzgado de Orihuela fue entregado a todos los abogados personados en el proceso del Plan Zonal.

Para el fiscal Anticorrupción no hay dudas de que todos los implicados en los supuestos amaños del PGOU de Alicante deben ser investigados por delitos que van desde la revelación y el aprovechamiento de información privilegiada al cohecho o el tráfico de influencias, entre otros.

De Sonia Castedo, de quien se precisa que durante una parte de los hechos investigados sólo era concejala de Urbanismo, Briones asegura que facilitó a Enrique Ortiz «información privilegiada» en «gran cantidad de ocasiones» sobre la tramitación del PGOU, que habló con el constructor de dar más edificabilidad en dos zonas de la ciudad en la que el empresario tenía intereses y que permitió que el redactor del planeamiento, Jesús Quesada, se reuniera con él en las oficinas del Grupo Cívica, su empresa, para ayudarle en el proyecto de remodelación del Rico Pérez. El acusador público habla de numerosas conversaciones entre Castedo y el empresario y, según recoge el escrito, «en fecha 1 de julio de 2008 se produce la entrega por parte del equipo redactor de la Gerencia de Urbanismo del proyecto de finalización del PGOU para su revisión por parte de los técnicos municipales. Ese mismo día se reúne Sonia Castedo con Enrique Ortiz de manera no oficial en el Ayuntamiento. E igualmente se interviene una conversación entre ambos en la que ella autoriza a Jesús Quesada a que le proporcione a Ortiz la ficha del planeamiento del sector Rico Pérez».

Bajo el apartado de «Dádiva», el fiscal Anticorrupción precisa que la alcaldesa recibió de Ortiz dos viajes, un par de ellos a Andorra durante 2008 y 2009 y otro a Ibiza, en 2009, en el yate del constructor, así como un turismo Mini para alguien de la confianza de Castedo y la contratación de algunas personas en la sociedades del constructor. En este mismo apartado, se hace mención a la destitución de Pablo Suárez como delegado de Seguridad Ciudadana «por no favorecer determinado negocio relacionado con la contratación de un sociedad» de un hijo de Díaz Alperi.

La alcaldesa, que ayer conocía el escrito del fiscal pese a no ser parte de proceso, negó trato de favor al empresario y sólo admitió el viaje a Ibiza.

Aún así, y en relación a Ortiz, Briones asegura que eran Castedo y Alperi quienes le proporcionaban la información acerca del planeamiento urbano, lo que le permitió «comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización». Y pone como ejemplo Aguamarga, Fontcalent y La Condomina. E igual que, según el fiscal, agradeció a la alcaldesa su colaboración, a Alperi le habría recompensado con un viaje a Creta en un jet privado, con el posible abono de viviendas para sus hijos, con el pago de la cuota de constitución de una sociedad correspondiente al hijo de Alperi y con un palco en el Rico Pérez, entre otras supuestas prebendas.

De ex alcalde también enumera el fiscal numerosos encuentros con Ortiz . De hecho le atribuye «asesorar y facilitar información privilegiada sobre la tramitación del nuevo PGOU» y alude a tanto de reuniones en la que el entonces primer edil se compromete a hacerle llegar al empresario los planos como a conversaciones, una de ellas fechada el 8 de julio de 2008, «entre Ortiz y Vicente Sala (entonces presidente de la CAM) relacionada con información facilitada al parecer por Alperi a ambos para comprar terrenos para un posible canje por aprovechamientos previstos en el nuevo PGOU». En esta línea, asegura Briones que el ahora diputado autonómico medió no sólo a favor de Ortiz sino de conocidos suyos como Bernardo Campos y González Villarejo «quedando ello manifestado a través de la labor de intermediación relacionada con la compraventa de los terrenos de González Villarejo en La Condomina, operación que -precisa- no llegó a fructificar». Según mantiene el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Alperi también diseñó «un plan con Sonia Castedo con el cual, tras abandonar la alcaldía, permanecer controlando veladamente la Gerencia de Urbanismo». Y cita una conversación entre Ortiz y Castedo en la que, asegura, queda constancia de ello.

Parecida labor de entrega de datos a Ortiz le atribuye el fiscal al redactor del Plan General quien, según este escrito, iba dando cumplida información de futuras recalificaciones que el constructor a su vez compartía con otros a los que el fiscal pide en este escrito investigar.

Entre ellos, en calidad de colaborador externo en la redacción del PGOU, aparece el abogado y ex concejal del PSOE Javier Gutiérrez, socio junto a un hermano de Castedo del despacho Salvetti, Abogados y Consultores. A Gutiérrez se le atribuye facilitar a Ortiz la información que le llegaba a través de Quesada, el redactor del plan general, y «gestionar con el constructor la compra de terrenos susceptibles de ser revalorizados». En términos similares se describe la actuación del socio del ex edil y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, quien habría asesorado al empresario para que, «en el caso de que no pudiera construir en la zona de afección de Aguamarga, trabajarían para que se califique como zona protegida en las alegaciones» y al que se interviene una conversación con Ortiz «para conseguir la remodelación del Rico Pérez a coste cero con aprovechamientos del PGOU».

El fiscal le pide al juez que investigue también a directivos de Cam y Bancaja, a empleados y amigos de Ortiz, alguno de los cuales, según Briones, actuaron de testaferros, y hasta al representante legal de un grupo de inversores armenios.