Castedo niega trato de favor a Ortiz y dice que "no consiguió nada de lo que pidió"

Convocó a los medios de comunicación con cuarenta minutos de antelación. Sola en la mesa, pero con la mayoría de sus ediles presentes en la sala, comenzó su intervención sin salirse ni una sola coma del guión y visiblemente nerviosa.

Repartió a los periodistas el escrito que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, remitió en junio al juzgado de Orihuela en el que se le atribuyen presuntos delitos tanto en su etapa de concejal de Urbanismo como en la de alcaldesa. Sobre el contenido del informe, señaló que "me afecta en lo personal, lo profesional y lo político", motivo por el que deicidió adelantarse a los acontecimientos y dar explicaciones pormenorizadas de "los errores que, intencionadamente o no, se desprende" del documento.

"Tanto los investigadores policiales como la Fiscalía me señalan como autora de unos presuntos delitos ante los que quiero y debo responder de forma inmediata", apuntó Castedo, quien señaló que siguiendo las recomendaciones de sus abogados y asesores "por primera vez en mi vida política no atenderé a preguntas". En la comparecencia se limitó a hablar de lo referente a su persona sin desvelar "ningún dato que pudiera afectar a terceros".

Una por una, Castedo fue respondiendo a las acusaciones sobre la supuesta información privilegiada suministrada a Ortiz en torno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana -pendiente de su aprobación definitiva por la Generalitat-. Ante el "apaño" denunciado por el fiscal en las áreas urbanísticas conocidas como APA-9, PAU3, Lomas de Garbinet y Rico Pérez, la alcaldesa argumenta que no hubo modificaciones, ni incrementos de edificabilidad que beneficiaran al empresario.

En cuanto al Rico Pérez destacó que el suelo sobre el que se asienta el estadio "se mantiene como suelo dotacional y no experimenta cambios" e incidió en que "no existe atribución de aprovechamientos o edificabilidad al mismo". En cuanto a un supuesto apaño o auxilio al proyecto de remodelación del estadio, Castedo entiende que el fiscal "quiere insinuar trato de favor al empresario, máximo accionista del Hércules, cuando en realidad se trató de un proyecto perfectamente conocido por todos los alicantinos" e insiste en que "finalmente se frustró" después de que "el propio empresario lo dio a conocer públicamente, se presentara a los dos partidos con representación institucional en este Ayuntamiento (PP y PSOE) y se concluyera que no era viable ni aconsejable". Ante las acusaciones de haber alcanzado "un acuerdo lucrativo" con el empresario argumentó que la recalificación planteada fue rechazada. Al respecto, Castedo se apoya en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que contempla que durante la redacción del PGOU el Ayuntamiento formulará consultas y formalizará acuerdos con entidades representativas de colectivos afectados y que el Hércules, representado por Ortiz, lo es.

En su escrito, el fiscal sostiene que Ortiz le pidió a la alcaldesa que "le pinte de azul" tres parcelas: al lado de Rabasa y la suya de Tizor. Ante esta afirmación, Castedo aclaró que "el azul es el equipamiento, por lo que difícilmente puede una zona industrial en funcionamiento" transformarse en ello. "Quiero pensar que se refiere al campo de entrenamiento del Hércules en Fontcalent; una parcela que a día de hoy continúa con la misma calificación y clasificación que hace 20 años", aseveró. En cuanto a Rabasa, recordó que el plan parcial está aprobado y "sólo puedo pensar que se refiera al traslado de la zona comercial", pero aseveró que no hay ningún incremento de edificabilidad. Así, incidió en que "en ambos casos los terrenos no sufren variación alguna" en el Plan General aprobado en 2009 y el definitivo de 2010.

En el relato del fiscal también se recogen las presuntas "dádivas a favor de Castedo por parte de Enrique Ortiz" que coincidieron en el tiempo con las gestiones "efectuadas a favor" del empresario en la redacción del nuevo Plan General. Una de ellas es el presunto pago de unas vacaciones en Andorra en los años 2008 y 2009 que la alcaldesa negó durante su comparecencia tras mostrar unas facturas sobre los viajes "que aboné con mi dinero". Castedo también aportó las facturas de un coche marca Mini para negar que el empresario se lo regalara.

Hechos reconocidos

Lo que sí admitió fue haber ido de vacaciones a Ibiza con su familia en el yate de Enrique Ortiz en el verano de 2009. La primera edil también reconoció haber pedido al empresario que contratase a gente: "He de confesar, y confieso, que es absolutamente cierto". Tras su rotunda afirmación, la alcaldesa argumentó que "a la Alcadía llegan a diario decenas de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal" y reconoce que se ha valido de sus influencias "para intentar que muchas de estas personas consiguieran trabajo, no sólo en las empresas de Enrique Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este Ayuntamiento". Algo que, según dijo, seguirá haciendo.

Para la primera edil, la investigación es "sesgada y no contrastada" y debería haberse llevado "hasta las últimas consecuencias" sin paralizarse "en un momento concreto sin explicación alguna". Castedo aportó información sobre la situación real de las actuaciones del Plan General cuestionadas y añadió que la documentación es pública y está colgada en internet. Según la alcaldesa, este documento "demuestra que no hubo trato de favor ni a Ortiz ni ningún otro empresario" y considera que, de haber accedido a él, Briones "habría concluido que ninguna de las aspiraciones del empresario en cuestión fue atendida en el planeamiento urbanístico". Y es que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", recalcó.

"Estamos, pues, ante un caso jurídicamente inconsistente", pero que "podría afectar a mi imagen política y personal". En su opinión "no es un asunto judicial, sino el comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP un enemigo al que destruir. Se busca una condena mediática conscientes de que una derrota electoral es harto improbable y eso es algo que no voy a consentir". De esta forma, proclamó que "quien atente contra mi honorabilidad y dignidad tendrá que responder en los juzgados".