Francisco Camps recurrió a finales de 2009 a Rafael Blasco para que le sacara del atolladero Gürtel. Ya en 1995, Eduardo Zaplana le confió la estrategia de fagocitación de Unió Valenciana, que trajo las mayorías absolutas del PP. Y antes aún, el socialista Joan Lerma convirtió a Blasco en uno de los baluartes de su Ejecutivo. Pero los servicios de este político camaleónico tienen el peaje político de los escándalos que lo acompañan. El último, el entramado de ONG y fundaciones impulsado desde su conselleria y regado con millonarias subvenciones, así como el presunto uso de ayudas para un proyecto de cooperación en Nicaragua para comprar pisos en Valencia.
CASO BLASCO
El escándalo por excelencia del actual portavoz del PP en las Cortes y conseller de Solidaridad y Ciudadanía fue el que truncó su rutilante carrera en el PSPV. Tras su etapa en Presidencia, pasa a ocupar la cartera de Obras Públicas y Urbanismo. Su estrella se eclipsa en diciembre de 1989. La directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, denuncia en la Fiscalía a dos funcionarios por ofrecerse a reclasificar suelo en Calp a cambio de 500 millones de las pesetas. El "pinchazo" de los teléfonos destapó un posible amaño en la venta de una parcela del Instituto Valenciano de la Vivienda en Paterna. El presidente, Joan Lerma, lo destituyó el 28 de diciembre de 1989. Blasco estaba casado con la secretaria de Lerma, Consuelo Ciscar -hoy directora del IVAM-, hermana del hasta dos meses antes conseller de Cultura y ex secretario de organización del PSOE, Ciprià Ciscar. Blasco y otras cinco personas se sentaron en el banquillo. Pero el TSJCV anuló las cintas con las conversaciones y, en julio de 1991, absolvió a los acusados. Javier Boix, el abogado defensor que logró la anulación de los "pinchazos" con el argumento de que se habían vulnerado los derechos de los afectados, tumbó también las grabaciones del caso Naseiro. Hoy es el abogado de Camps en la causa de los trajes.
GERIÁTRICOS POLÉMICOS
Tras recuperar la condición de conseller en 1999, esta vez con el PP, vuelve a ser protagonista de escándalos sonados 10 años después. Sobre todo, en Bienestar Social. Blasco promueve el concurso de las 9.000 plazas de residencias. En junio de 2001, cuatro de los geriátricos se adjudican a una UTE en la que, junto a una empresa del sector de los servicios sociales, figura la firma Crespinell, donde aparece como administrador el por entonces secretario del Ayuntamiento de Carlet, Joan Ramón Ferrís, quien estuvo vinculado políticamente a Blasco, una relación que negó pese a las referencias publicadas en su día. El 27 de noviembre de 2001 la conselleria autorizó la cesión del contrato logrado en favor de Siete Treinta, SL, una empresa "dormida" [adquirida en un vivero cuyo negocio es la venta de firmas ya constituidas pero inactivas hasta que alguien las compra] integrada al 50% por los socios de la UTE. Dos días después, venden la mercantil a un promotor sevillano.
LONERSON E INFORMÁTICA
Al igual que con los geriátricos, aparece otra firma "dormida", Lonerson Trade, sociedad que aparecería luego vinculada con César Augusto Tauroni, empresario de Alzira, como el conseller, que fue ex socio de un hermano del conseller, Bernardo Blasco. Tauroni es administrador de General de Comunicaciones y Servicios (GCS). Lonerson usaba la sede, el teléfono, la web y hasta empleados de GCS. Como no tenía experiencia, en junio de 2001 comienzan adjudicándole en UTE con Asispa el servicio de teleasistencia en situaciones de riesgo por 85.352 euros, que al año siguiente se amplía hasta 640.229 euros. Pero la adjudicación importante, en unión con Tissat, es la de la gestión de los Centros Mujer 24 horas en enero de 2002. Nada menos que 6,7 millones. GCS también recibió contratos: La atención telefónica al mayor, en enero de 2001, 99.716 euros; y servicios informáticos, en noviembre, 123.207 euros. Con Tissat, otro contrato de informática de 135.227 euros y el servicio Infodona, 208.454 euros, en el verano de 2001. En 2003, de nuevo, el servicio de mantenimiento de software, también junto con Tissat, otros 380.000 euros. La firma de Tauroni recibiría además el mismo año el teléfono de atención al menor, 237.000 euros. Empresas como Eulen recurrieron alguna de las adjudicaciones alegando que GCS había justificado la solvencia con trabajadores suyos. La oposición promovió la reprobación de Blasco por el caso de los geriátricos y Lonerson, pero el PP hurtó la iniciativa, provocando el primer abandono del hemiciclo por parte del PSPV, el 13 de junio de 2002.
URBANISMO Y EMPRESAS MIXTAS
Durante su etapa al frente de Territorio y Vivienda, el urbanismo valenciano estuvo en el ojo del huracán de la polémica a raíz de los procedimientos de infracción de la Comisión Europea por la aplicación de la legislación urbanística (la LRAU socialista y la LUV de Blasco). Nada menos que 15.000 quejas de residentes extranjeros motivaron el expediente de la UE. La puesta en marcha de empresas mixtas a través del Ivvsa, con elección a dedo del socio privado que debía hacer el negocio, también mereció reproches de Europa y del Síndic.
EL PRIMER CONTRATO DE EL BIGOTES
Siempre ha negado responsabilidad sobre este expediente, pero la empresa pública Vaersa dependía de su departamento. Fue el primer contrato que Orange Market, la firma de El Bigotes, logró en la Comunidad, en noviembre de 2004. Vaersa contrató a dedo a Orange Market, por 138.678 euros para una campaña sobre el uso de los contenedores amarillos tras solicitar ofertas a tres empresas de la trama Gürtel que compartían el mismo gerente. La empresa de Álvaro Pérez cobró la mitad, 69.310 euros, 19 días después de firmar el contrato pero nunca llegó a hacer el trabajo. El escándalo salió a la luz en febrero de 2009.
RELEVOS E INFORMÁTICA
En octubre de 2006, el jefe de Informática de la Conselleria de Sanidad, Alfonso Jiménez, hermano del director general de Régimen Económico de Sanidad, Eloy Jiménez, se plantó al defender los informes de los técnicos frente a las pretensiones de la dirección de Sanidad en el contrato de 3 millones para el mantenimiento del centro de proceso de datos. La bronca acabó con la salida de Jiménez, sustituido por un técnico que venía de Territorio, Marc Llinares, quien modificó la evaluación técnica de la etapa Jiménez en otro concurso. Blasco se llevó después a Llinares a Cooperación, tras las dimisiones de técnicos por los criterios seguidos en la subvención al proyecto que supuestamente acabó financiando la compra de pisos en Valencia.
MONOPOSTES SANITARIOS
Hacia las elecciones de 2007, Blasco se gastó unos 3,3 millones en publicidad, llenando la Comunidad Valenciana de monopostes y vallas. El gran panel electrónico que se instaló a la entrada de Valencia costó 600.000 euros.
