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El PP ha rechazado hoy en el pleno de Les Corts Valencianes una propuesta del grupo socialista que planteaba rechazar "todas las formas de corrupción que deshonran la acción pública, debilitan la democracia y desprestigian" el autogobierno y reclamaba una "política de transparencia" en el Consell.
La iniciativa ha sido defendida durante el Debate sobre el estado de la Comunitat por el socialista Joaquim Puig, quien ha reivindicado que, ante la "devaluación progresiva" de la Comunitat y la "alarma social" creada por "escándalos" relacionados con dirigentes valencianos, es necesaria una respuesta "contundente".
"La corrupción lesiona los intereses de todos, debilita la capacidad de los Gobiernos, alimenta la desigualdad, provoca injusticia y desalienta" la inversión, ha mantenido Puig, quien ha añadido que además "abre la puerta a la desmoralización social".
Por ello, ha asegurado que la ciudadanía no entendería que entre las conclusiones de este debate no figurara la voluntad unánime de Les Corts por "superar la crisis de confianza vinculada a las imputaciones penales de los principales responsables de las instituciones valencianas".
Para Puig, "mirar hacia el otro lado" cuando están "imputados por corrupción" el president de la Generalitat y los de las Diputaciones de Castellón y Alicante constituye "la peor receta" para dar confianza a la ciudadanía.
Además, ha considerado que "lo más indecoroso del mundo es dar soporte a la corrupción", y la "más mala educación del mundo" es tener amigos como los que han tenido en el PP y a los que "han hecho ricos".
El diputado del PP César Augusto Asencio le ha replicado que los socialistas no pueden dar lecciones sobre corrupción, pues tienen "el mayor número de imputados" en España, y además son el único partido con una condena por financiación ilegal, mientras que ha defendido la "total transparencia" de la Generalitat.
Asencio ha instado a respetar la presunción de inocencia, un derecho que "no admite matices ni transacciones", y ha lamentado que la oposición se pierda en este "monotema", que "ensucia" el debate, donde "lo importante" son las propuestas para los ciudadanos, a los que hacen un "flaco favor".
Además, se ha preguntado cómo es posible que los socialistas mantengan en sus cargos públicos a José Bono o a Manuel Chaves, y ha criticado que Luna no ha explicado de dónde salió el dinero de unas obras en su casa tras ampararse en la prescripción, que impide la vía judicial, ya que si fueran consecuentes se aplicarían "la misma medicina".
El PP también ha rechazado la propuesta de Compromís de crear una comisión de investigación que revise los procesos de aprobación, adjudicación, contratación, pago y facturación de los planes zonales de residuos.
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha defendido que este Parlamento "no puede ser quien dé el visto bueno" y quien "aplauda" a un "entramado presuntamente corrupto" que está dañando la imagen de la Comunitat Valenciana y la de las provincias del sur de Alicante.
Mollà ha acusado al PP de estar "presuntamente lucrándose" de una gestión de residuos que otorgan "a dedo" la gestión de estas instalaciones "a sus amigos empresarios".
La diputada del PP Elena Bonet ha afirmado que el reglamento de Les Corts no permite que las comisiones de investigación se aprueben a través de una propuesta de resolución, ante lo que Mollà ha dicho que los populares no quieren aprobar iniciativas como ésta "ni por activa ni por pasiva".
Los populares también han rechazado una propuesta de Esquerra Unida (EU) para que los cargos públicos "imputados por delitos de corrupción" sean apartados de las instituciones de "manera cautelar" mientras la Justicia "no retire" sus sospechas sobre la actuación pública de esta persona.
El diputado del PP Vicente Betoret ha explicado que no pueden apoyar una iniciativa que no tiene en cuenta la "presunción de inocencia" y ha advertido de que este tipo de actuaciones podría dar lugar a "paradojas" como las que se produjo en el Gobierno canario, cuyo vicepresidente fue imputado y dos años después absuelto.
Betoret ha pedido "paciencia" y esperar a que "los tribunales actúen", ya que de lo contrario se estarán rompiendo "las reglas del juego" democrático.
La diputada de EU Marga Sanz ha incidido en que hay que asumir responsabilidades políticas, por lo que los cargos públicos imputados deberían "apartarse" para poder "defender su honestidad y su buen nombre" sin implicar a la institución que representan.
Finalmente, se aprobado por unanimidad que el Consell elabore mediante un proyecto de ley la Carta de derechos sociales de la Comunitat y lo presente en el plazo de tres meses o al inicio del próximo periodo de sesiones.
