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Los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes han llegado hoy a acuerdos en cuestiones como exigir una revisión del modelo de financiación autonómico o rechazar la instalación de un almacén de residuos nucleares en Zarra, pero no ha sido posible un entendimiento en las propuestas para luchar contra la corrupción.
La segunda sesión del debate de política general, en el que se debaten las 224 propuestas de resolución, se ha iniciado con una invitación de la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, al portavoz socialista, Ángel Luna, para que se disculpara por haber arrojado ayer una piedra al centro del Hemiciclo para demostrar que estaba libre de la corrupción, una petición que el diputado del PSPV-PSOE ha rechazado.
La jornada ha dado lugar a acuerdos por unanimidad como el de asumir las conclusiones de la comisión de expertos sobre la financiación autonómica y considerar "imprescindible" una revisión del modelo para que se ajuste a la población y que la Comunitat Valenciana alcance al menos la media en financiación per cápita.
La diputada socialista Cristina Moreno ha defendido la necesidad de que Les Corts asuman el informe de la comisión de expertos, tanto en lo que se refiere al déficit de financiación como a la búsqueda de un consenso social y político para establecer una hoja de ruta compartida.
Según Moreno, no se trata de hacer una reivindicación partidista contra Zapatero, y ha pedido al PP que, si de verdad cree en una mejora de la financiación, retire su propuesta.
El diputado del PP José Marí ha aseverado que es "muy difícil pactar con quien te insulta", a lo que Moreno ha replicado que al PP le interesa "buscar una excusa" para no pactar, y finalmente el diputado del PP ha dicho que, "por una vez", y a pesar de "las formas", iba a tener el "gesto" de pactar con los socialistas.
Les Corts también han logrado un acuerdo unánime en una propuesta que rechaza la instalación en el municipio valenciano de Zarra de un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares "sin contar con la voluntad del pueblo valenciano" y que advierte de que de Les Corts "impedirán" su construcción.
El PP, que no ha respaldado las propuestas presentadas en este mismo sentido por Compromís y EU, ha denunciado que el Gobierno central quiere dar a la Comunitat Valenciana "aquello que no quieren en ningún lugar", mientras le sigue negando aspectos como el agua o la financiación.
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha instado al Gobierno valenciano a no limitarse a las "declaraciones políticas" y comprometerse a impedir "judicialmente y administrativamente" que se instale en Zarra el cementerio nuclear, para lo que ha pedido que retire el recurso contra la recalificación de los terrenos que pueden acoger el ATC en rústicos.
El acuerdo no se ha repetido en otras ámbitos como la lucha contra la corrupción, ya que el PP ha rechazado una propuesta del PSPV que planteaba rechazar "todas las formas de corrupción que deshonran la acción pública, debilitan la democracia y desprestigian" el autogobierno y reclamaba una "política de transparencia" en el Consell.
El socialista Joaquim Puig ha defendido que "mirar hacia el otro lado" cuando están "imputados por corrupción" el president de la Generalitat y los de las Diputaciones de Castellón y Alicante constituye "la peor receta" para dar confianza a la ciudadanía.
El diputado del PP César Augusto Asencio le ha replicado que los socialistas no pueden dar lecciones sobre corrupción, pues tienen "el mayor número de imputados" en España, y además son el único partido con una condena por financiación ilegal, mientras que ha defendido la "total transparencia" de la Generalitat.
El PP también ha rechazado la propuesta de Compromís de crear una comisión de investigación que revise los procesos de aprobación, adjudicación, contratación, pago y facturación de los planes zonales de residuos y la de EU para que los cargos públicos "imputados por delitos de corrupción" sean apartados de las instituciones de "manera cautelar".
Por su parte todos los grupos de la oposición han rechazado una propuesta del PP, aprobada sólo con los votos de este partido, en la que manifestaban su repulsa por la "actitud antidemocrática" de los partidos que apoyan la inclusión en sus listas electorales de "tránsfugas, como ha sucedido en el caso de Benidorm".
