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La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha defendido hoy la presunción de inocencia del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la legalidad de la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela, que se investiga en el contexto de la denominada "operación Brugal".
Preguntada por si Ripoll debería dejar dimitir al estar imputado en el citado caso, Sánchez de León ha asegurado que "los únicos capacitados para juzgar son los jueces, ni los informes policiales, ni los políticos ni los medios de comunicación, ni los informes de fiscales u otras instituciones pueden hacerlo".
En este sentido ha reiterado su "máximo respeto al sistema jurídico" y ha asegurado que el Consell actuará de acuerdo a estos principios "mientras no haya una sentencia firme que pueda decir lo contrario".
En relación con la adjudicación del citado contrato de basuras, la consellera portavoz ha manifestado que "desde el punto de vista administrativo es correcto y está perfectamente adjudicado", y ha apuntado que si alguien entendiese lo contrario "debería seguir los cauces oportunos, impugnarlo y esperar a que un tribunal le diese la razón".
