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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha instado hoy a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo (PP), y al conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, a que se "pongan de acuerdo" y lleven a cabo una remodelación "inmediata" de la plaza San Cristóbal.

Moreno ha hecho estas declaraciones tras visitar, junto a las concejalas Carmen Sánchez Brufal y Loles Fernández, la plaza, que une el caso antiguo de la capital alicantina con la Rambla de Méndez Núñez.

"A lo largo de 5 ó 6 años, el Gobierno del PP en la Comunitat ha dicho que iba a remodelar esta plaza", según Moreno, quien ha recordado que la obra salió licitada hace unos ocho meses a través del plan de ampliación de la rehabilitación del casco antiguo de Alicante (RACHA), pero aún no se ha ejecutado.

A este respecto, Fernández ha explicado que el plan RACHA preveía que "la plaza estuviera a punto en septiembre de 2009" y ha denunciado que, "a agosto de 2010, no hay signos" de ningún tipo sobre su anunciada remodelación.

La Generalitat ha "incumplido" con su promesa de rehabilitar la plaza, según la concejala socialista, quien ha considerado "una vergüenza" el listado de actuaciones que "deberían haberse acometido y, a día de hoy, aún no han sido siquiera puestas en proyecto".

Por su parte, Sánchez Brufal ha estimado que, cuando esté terminada la plaza, su precio rondará los tres millones de euros en concepto de reformas, ya que, en su opinión, el proyecto aprobado no era el adecuado.

"El proyecto contemplaba un suelo que era de pared, y no preveía la bajada del agua de las lluvias", lo que, según esta edil, ha causado los "graves desperfectos" que registra el aparcamiento situado bajo la plaza y los locales de alrededor.

El PSPV-PSOE ha exigido que sea la empresa que realizó las obras la que acometa la remodelación.

Según Sánchez Brufal, la alcaldesa de Alicante firmó la recepción de la obra en 2007, cuando era concejala de Urbanismo, confirmando que la plaza "estaba bien", por lo que el Ayuntamiento no tiene ahora "ni el peso político ni moral para exigir a la Generalitat que la deje en condiciones".