La futura ley de Autoridad del Profesorado de la Generalitat, aprobada ayer por el Consell, reconocerá una mayor autoridad al profesor en la enseñanza pública que a los docentes en centros privados, donde sólo tendrá "carácter disciplinario", según precisó la portavoz del Gobierno autonómico Paula Sánchez de León. El proyecto de ley de Autoridad del Profesorado ha introducido este "matiz" para diferenciar la autoridad de los docentes en centros públicos y privados, a propuesta del Consell Jurídic Consultiu.
Sánchez de León explicó que el texto, que se remitirá a las Cortes para ser tramitado por vía urgente, reconoce que los profesores de la enseñanza pública "tendrán el carácter de cualquier autoridad pública". Así, estos docentes "no tendrán que contrastar sus decisiones porque se presumirá la validez y la veracidad de las decisiones que adopten", indicó la portavoz, que añadió que en el ámbito de la educación privada, su autoridad se circunscribirá "a las relaciones entre profesor y alumno y al carácter disciplinario del profesor". Por lo tanto, "el carácter de la autoridad pública se extiende y es mayor en el caso de los docentes públicos".
Ésta es la principal novedad de la ley, que tiene como objetivo el de garantizar el ejercicio efectivo de la función docente en todos los centros educativos no universitarios, ya sean públicos, concertados o privados. La norma reconocerá por primera vez la condición de autoridad al profesor en el ejercicio de "funciones de gobierno docentes y disciplinarias", aunque en los centros privados quedarán limitadas "al ámbito interno y disciplinario" de las relaciones entre el profesorado y el alumnado.
En los colegios e institutos públicos, los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias tendrán presunción de veracidad, mientras que en los privados este aspecto deberán recogerlo explícitamente sus reglamentos de régimen interno. Además, la Generalitat adoptará las medidas necesarias para la defensa jurídica del profesorado en los procedimientos abiertos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, en el caso de los centros públicos y concertados. El texto regula también la responsabilidad y obligación de reparar los daños que los alumnos puedan ocasionar a los miembros de la comunidad educativa, los centros o cualquier material escolar, y de los que serán responsables civiles quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
En los casos de agresión física o moral a profesores, este daño deberá repararse con la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, que se concretará mediante resolución de la dirección del centro y, a continuación, se comunicarán al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial, si son constitutivos de delito o falta. Además, se reconoce el derecho del profesorado a recibir un trato adecuado y a ser valorados, en un ambiente educativo en el que sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral.
Coordinación de emergencias
Por otro lado, el pleno del Consell también aprobó el anteproyecto de la Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, que mejora la coordinación entre los distintos cuerpos para lograr una actuación "más eficaz y homogénea" en todo el territorio. La aprobación de la norma llega en pleno conflicto con los tres consorcios provinciales de Bomberos, que el próximo jueves llevarán su protesta por la falta de medios y los recortes salariales a las puertas de la Generalitat. En el caso del Consorcio de la provincia de Alicante, la deuda de la Generalitat ronda los 7,8 millones de euros en el último año.
La futura ley establecerá la estructura y funcionamiento de los servicios de Bomberos y Salvamento, además de regular los principios de coordinación entre ellos. La regulación marco garantizará una organización y funcionamiento "homogéneos" en el conjunto de las tres provincias, que facilitará a su vez las labores de coordinación en la gestión de las Emergencias.
