La "operación Brugal" que investiga múltiples delitos sobre la gestión de las basuras en la Vega Baja y otras causas conexas marcó ayer el pleno de la Diputación Provincial, en el que el presidente José Joaquín Ripoll se esforzó por desvincular del escándalo a la institución provincial mientras el portavoz socialista, Antonio Amorós, le exigió la dimisión por estar su gestión "bajo sospecha". Con el ruido de fondo de la protesta de los bomberos a la puerta del Palacio Provincial, el pleno vivió algún momento de tensión y registró críticas inusualmente contundentes por parte de la oposición socialista, aunque la polémica tampoco pasó a mayores. Ripoll se declaró sorprendido por la petición de dimisión cuando el sumario todavía está bajo secreto y rechazó igualmente convocar un pleno extraordinario sobre la investigación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja por considerar que "no hay nada irregular" en el expediente.

La sesión ordinaria de julio fue de guante blanco hasta que llegó el turno de ruegos y preguntas, en el que Amorós formuló la crítica más dura que se le recuerda contra Ripoll. "La sociedad alicantina asiste perpleja y conmocionada ante los acontecimientos sucedidos desde el 6 de julio", introdujo Amorós, "cuando las dependencias de la Diputación y las oficinas del presidente fueron intervenidas por la Policía en cumplimiento de diligencias judiciales". Tras recordar los cinco delitos por los que ha sido imputado Ripoll -cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionarios-, el portavoz socialista destacó que los alicantinos "estamos alarmados, consternados e indignados y nos preguntamos: ¿qué pasa en la Diputación?". "Presidente", prosiguió, "nos llena de indignación comprobar que su comportamiento bajo sospecha desprestigia a la institución y a la clase política. Ustedes han roto la confianza que la sociedad tiene depositada en las instituciones que presiden". A continuación, le exigió explicaciones en un pleno extraordinario sobre el escándalo de la ubicación de la planta de basuras y, si no lo convoca, su dimisión.

Pero no habrá ni una cosa ni la otra; ni pleno extraordinario, ni dimisión porque Ripoll entiende que, de momento, no hay "ningún ilícito" que afecte a la institución. "La Diputación está al margen de cualquier investigación", destacó. "Sólo está afectada por la investigación del Plan Zonal XVII, que compete al Consorcio, en el que la Diputación tiene un 15% y del que también forman parte 27 municipios, nueve de ellos gobernados por el PSOE".

El presidente de la Diputación recalcó que toda la documentación sobre el Consorcio de Residuos ya está a disposición de los socialistas y que sigue a la espera de que se levante el secreto del sumario para saber los hechos concretos que se le imputan. Al término del pleno, Ripoll insistió en que "no hay nada irregular" en el expediente de las basuras y criticó el afán del PSPV de mezclar la Diputación con el Consorcio que él también preside. "Tratan de hacer una bola y es ridículo". También recordó que el Plan Zonal se adjudicó por unanimidad, con el voto de los socialistas, y que su relación con el empresario Enrique Ortiz es "correcta y normal".