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El PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante ha exigido que aclare su papel en el caso "Brugal" o que dimita al presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, del PP, quien se ha defendido asegurando que no ha habido "nada irregular" y que la gestión investigada de los residuos se aprobó por unanimidad.

El popular ha presidido hoy su primer pleno en la Diputación desde que, hace justo dos semanas, fuera detenido junto a otras diez personas en el caso "Brugal", que investiga un juez de Orihuela en torno a las supuestas irregularidades del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

En la sesión plenaria, el socialista Antonio Amorós ha expresado la "indignación" ciudadana por el comportamiento "bajo sospecha" de Ripoll y, tras recordar que ha sido imputado por cinco delitos y que debería regirse con "honestidad y honradez", ha advertido de que su arresto "desprestigia a la institución y a la clase política".

Para Amorós, Ripoll se ha unido a los "abusos de dirigentes del PP" muy conocidos en las provincias de Valencia y Castellón al "romper la confianza de los ciudadanos en las instituciones superando la barrera de lo lícito".

Por ello, el socialista ha instado a Ripoll a que convoque un pleno extraordinario de "inmediato" para ofrecer "claridad y transparencia" para que su grupo pueda volver a tener confianza en la institución, o "en caso contrario presente su dimisión".

Posteriormente a los periodistas, Ripoll ha replicado a los socialistas que "la decisión más importante" del plan zonal fue adjudicar la gestión, y ha subrayado que ese acuerdo fue "tomado por unanimidad de los 27 municipios, entre ellos nueve socialistas, de la Generalitat Valenciana y la Diputación, que representa exclusivamente el 15 por ciento" del consorcio de residuos.

Ha reiterado que "lo razonable" es que primero se levante el secreto de sumario para conocer de qué se le acusa y tenga la oportunidad de defenderse, y ha aclarado que su arresto se produjo como presidente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja.

Según Ripoll, "a la Diputación no se le acusa de nada y a su presidente tampoco: Se le acusa al presidente del Consorcio, que aunque coincide en la persona no tiene nada que ver con la gestión de la Diputación".

Ha puesto de manifiesto que en su labor siempre ha tratado de alcanzar acuerdos con la oposición, como refleja que los planes anuales de obras se hayan aprobado por unanimidad, y ha señalado que, pese a que no son parte y a que podrían tenerla por sus ayuntamientos en la Vega Baja, ha dado al PSOE toda la documentación de que dispone del plan zonal de residuos para que la examinen.

"El expediente es correcto y no hay nada irregular", ha recalcado antes de abundar que todas las gestiones que ha hecho como presidente del Consorcio han sido "las correctas", al igual que lo han sido las adoptadas por la comisión de gobierno o la junta de gobierno, donde están los socialistas.

Preguntado por el traslado de parte de las diligencias desde el juzgado número 3 de Orihuela a otro juez de Alicante, Ripoll ha estimado que esto "retrasará un poco" el proceso judicial, dentro del cual seguirá pidiendo que se levante el secreto de lo que le afecta.

En cuanto a su relación con el empresario y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, otro de los detenidos hace dos semanas, ha indicado que su compañía, el Grupo Cívica, "tiene algunos contratos con la Diputación, aunque no es el mayor contratista ni el menor", y ha agregado que sólo ha obtenido obras cuando el dictamen de la comisión técnica así lo ha recomendado.

El caso "Brugal" ha llegado al pleno de la Diputación en el capítulo de ruegos y preguntas durante una sesión con más de una veintena de puntos de trámite que fueron aprobados sin oposición.

Sin embargo, había tensión entre los diputados presentes, que se reflejó cuando, tras el turno de Amorós, intervino la también socialista Antonia Moreno.

Ésta se refirió a la detención de tres concejales de Orihuela en el caso "Brugal" y exigió a la portavoz del PP y alcaldesa oriolana, Mónica Lorente, que aclarara unas declaraciones sobre que el PSPV-PSOE no debería criticar lo ocurrido con los residuos en la Vega Baja.

Justo en el momento en que censuraba a la alcaldesa que amenace a su partido con poner en marcha el "ventilador" sobre la gestión de los residuos, Ripoll le quitó la palabra con el argumento de que hablaba de un asunto municipal que puede plantear en ese consistorio, donde es concejal.