El Gobierno autonómico descarta una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para asumir algunas de las competencias que el Tribunal Constitucional reconoce al Estatuto catalán e intentará buscar otras vías que le permita adoptar aquellas atribuciones que le interesen. Así lo explicaron ayer la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tras presidir la comisión de expertos para el estudio de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. La comisión acordó un plan de trabajo para analizar la sentencia y volverá a reunirse el 27 de septiembre
El conseller de Gobernación insistió en que el Consell "no va a caer en el error de reivindicar aquellas cuestiones en las que no creemos ni hemos creído nunca, y que no corresponden al modelo valenciano, pero no vamos a renunciar a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos de la Comunitat". Castellano matizó que asuntos como el agua o la financiación "son cuestiones prioritarias para los intereses de los valencianos y por ese motivo, no vamos a permitir que el Estatuto catalán sirva como excusa al Gobierno para crear discriminaciones o privilegios entre territorios, y por ello, no descartamos ninguna actuación ni iniciativa para seguir luchando por aquello que nos corresponde por justicia".
Por su parte, Sánchez de León reconoció que no hablaron ni plantearon "en ningún momento" una reforma del Estatuto de la Comunidad. Sánchez de León aseguró que el texto valenciano, tal y como está en la actualidad, permite interpretar, a la luz de la sentencia del Constitucional, "muchas cosas de forma diferente a como se hace ahora". Tras puntualizar que no se decidirá sobre qué aspectos se reclaman las competencias hasta que la comisión de expertos no finalice su tarea, señaló que aunque la reforma del Estatuto valenciano no se ha planteado, "si se produjera una desigualdad absoluta y radical" se valoraría qué medidas adoptar.
La consellera apuntó que un caso en el que se podría plantear una ampliación de competencias sería las referidas a los depósitos judiciales, como las fianzas, ya que el Constitucional reconoce la capacidad de la Generalitat catalana de poder gestionar estos fondos.
