La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la adjudicación de la contrata de recogida de basuras en Orihuela y del Plan Zonal para la gestión de residuos en la Vega Baja se ha convertido en una maraña de presuntos hechos delictivos que han derivado en un conglomerado de casos judiciales repartidos entre Alicante y Orihuela y que podrían llegar a abarcar más partidos judiciales.

Aunque el germen de la investigación radica en supuestas irregularidades relacionadas con contratos a empresas otorgados por administraciones públicas, lo cierto es que cuanto más se han intentado esclarecer los hechos, más tentáculos le han salido al pulpo. El juez instructor del caso, Carlos San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia numero 3 de Orihuela ha remitido a Alicante siete causas desgajadas del caso Brugal, además de otras que ha mantenido en el partido judicial de Orihuela y que también investigarían presuntos delitos descubiertos mientras se investigaba la causa principal.

El magistrado ha enviado a los juzgados alicantinos de Benalúa el procedimiento que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y que se vincula con supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, que supone la construcción del vertedero y toda la obra pública necesaria para la gestión de las basuras de la comarca. Este servicio fue adjudicado en enero de 2008 por el Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, a la unión temporal de empresas Cespa-Ortiz.

Además de este expediente vinculado a las basuras, los juzgados de Alicante investigan otros hechos no conexos con el Plan Zonal tales como irregularidades en la gestión de la Fundación Hércules cuando estaba al frente de la misma el empresario Rafael Gregory, también imputado en la operación Brugal y para el que el juez pidió prisión eludible con fianza de 100.000 euros.

La segunda fase de la Operación Brugal reventó el pasado 6 de julio con la detención de 11 personas, entre ellas el presidente de la Diputación, y 19 registros policiales. Previamente, en el verano de 2007, este caso ya vivió un primer estallido con la detención de cinco personas en Orihuela, de las que tres estuvieron en prisión. Se trata del empresario Ángel Fenoll, un hijo de éste y del concejal y gerente de una de las empresas de Fenoll, Javier Bru. Una de las causas desgajadas de la causa principal y que habría recaído en Orihuela estaría relacionada con un presunto delito electora. También habría otra contra el medio ambiente.

Según fuentes judiciales, los presuntos delitos descubiertos a colación del caso Brugal podrían abarcar a más municipios. Lo que está claro, según las citadas fuentes, es que aparecerán nuevos implicados y nuevos nombres a medida que los jueces vayan adentrándose en las causas.

El magistrado levantó el pasado jueves el secreto del sumario de la parte que afecta a la adjudicación de la contrata municipal de basuras de Orihuela. Respecto al resto de causas separadas y sobre las que el magistrado se ha inhibido, serán ahora los jueces los que decidan si abrir una investigación. La mayoría de ellos aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, según ha podido saber este diario.