La Comunidad Valenciana es la autonomía que más ha destruido su litoral en la última década, según reveló ayer la organización ecologista Greenpeace en el informe "Destrucción a Toda Costa 2010". Los ecologistas recordaron que en 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo. Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas casas. En 2007, el año del "boom" de la burbuja inmobiliaria, Greenpeace ya denunció que los ayuntamientos del litoral proyectaban la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas, la mayoría autorizadas por la administración controlada por el Partido Popular.

Pero en el estudio de Greenpeace, los ecologistas repartieron también responsabilidades al PSOE. "Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento", según Greenpeace, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos.

Así, el trabajo refiere que en 2003 se estaban llevando a cabo una veintena de ampliaciones de puertos del Estado y en ese mismo año las inversiones aumentaron un 505% desde 1996. En la Comunidad Valenciana, en 2008 existía un puerto deportivo cada 11 kilómetros de costa y se planteaba la ampliación del puerto de Campomanes en Altea, el más polémico de toda la Comunidad. Según Greenpeace, España degrada 7,7 hectáreas de costa cada día que pasa para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial, según destaca también el informe.

La ONG ecologista ha denunciado, además, que en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día y añade que "no hay ningún indicio de abandono" de la construcción masiva en el litoral, ni tampoco del "fin del acoso" a los últimos espacios vírgenes, pese a la crisis de la construcción.

Así, y según la misma fuente, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total de 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario). Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%.

Sobre la contaminación de las aguas, el trabajo señala que a lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas, y que la década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas.

Tras esta radiografía de destrucción costera, el director de la ONG, Juan López de Uralde, reiteró que la crisis no ha paralizado "el saqueo" de las costas españolas y exigió la aplicación efectiva de la Ley de Costas. Entre las denuncias que figuran en el informe de los ecologistas vuelven figurar la aprobación del Plan Rabassa, la ampliación de los puertos deportivos Campomanes de Altea y Xàbia; los vertidos en la playa de San Gabriel y el riesgo que existe en la desembocadura del Segura.