Después de un largo calvario de año y medio con el caso Gürtel, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, no gana para sustos en la Comunidad y ahora se enfrenta con el "escándalo Brugal" y la imputación del presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll. El círculo se completa por el norte con el inminente juicio con jurado por varios delitos fiscales contra el líder popular de Castellón, Carlos Fabra.
Con este enrevesado panorama judicial y con unos plazos cada vez más cortos para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, Rajoy tiene sobre la mesa la papeleta de decidir sobre el futuro político de Camps y Ripoll sin esperar a conocer su futuro judicial y las resoluciones que puedan producirse en relación con sus respectivas imputaciones. En el caso de Fabra, la preocupación en Génova es de menor calado y ya se da por hecho que éste será el último mandato del presidente de la Diputación, que está en puertas de su relevo y sucesión natural al frente de sus responsabilidades institucionales y orgánicas.
La dirección nacional ha echado cuentas y no está por la labor de condicionar la vida diaria del partido y la planificación de sus candidaturas por los siempre largos y complejos tiempos judiciales. Tras la reapertura del caso Gürtel por orden del Tribunal Supremo, es previsible que Camps acabe en el banquillo de los acusados en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acusado de cohecho impropio. Ahora bien, es una incógnita aventurar cuándo podría celebrarse la vista oral. Por lo pronto, el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, rechazó ayer el recurso del PP contra el auto en el que acordó remitir al TSJCV la parte de la investigación que afectaría a cargos del Consell y del PP de la Comunidad Valenciana.
En el caso de Ripoll, y a pesar de la reclamación de su defensa para que se levante cuanto antes el secreto del sumario que afecta al presidente provincial del PP, el proceso judicial del caso Brugal puede demorarse aún más con la decisión del juez de instrucción Número 3 de Orihuela de inhibirse de varias de las causas, entre ellas la que atañe al dirigente político por la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja. Fuentes jurídicas consideran poco probable que, salvo sorpresa en el procedimiento, éste pueda resolverse antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
En los planes de Génova figura la proclamación de todos los candidatos a presidentes autonómicos después del verano, previsiblemente con un gran acto conjunto en septiembre y posteriores actos en cada comunidad. Pese a las dudas de Rajoy y el drástico recorte de sus visitas a la Comunidad Valenciana -apenas dos viajes en el último año-, la dirección regional del PP trabaja ya con la hipótesis de que Camps será el candidato y no contempla otros posibles escenarios. A la espera de un pronunciamiento inequívoco del líder nacional, varios de los miembros de su equipo directivo ya han dicho públicamente que el jefe del Consell repetirá como candidato.
En cuanto al líder provincial del PP, la dirección nacional también es partidaria de no tomar medida alguna hasta que se vaya despejando el horizonte jurídico de Ripoll. Por lo pronto, su ejecutiva vincula su futuro al de Camps, reclama un trato equitativo y recuerda anteriores casos de candidatos campistas imputados como el ex alcalde Díaz Alperi o el primer edil de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo. Concejal por Alicante y número dos de la lista en los anteriores comicios, la aprobación de la candidatura de la capital es competencia de la dirección regional del partido, que ya ha dejado claro que no quiere reabrir conflictos con el ripollismo ni promover exclusiones en puertas de la precampaña.
