Las Cortes Valencianas aprobaron ayer, gracias a la mayoría absoluta del PP y la oposición del PSOE y el resto de la oposición, la Ley de Medidas Urgentes para el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo que, entre sus novedades, permite que los Planes de Actuación Urbanística (PAI) que no se hayan iniciado a los tres años de su aprobación mantengan la calificación del suelo urbanizable hasta que mejore la situación económica.
La medida estará vigente, en principio, hasta 2012 y está dirigida a mitigar la difícil situación por la que atraviesan la mayoría de las empresas urbanizadoras de la Comunidad, sin liquidez tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y a evitar, también, que los ayuntamientos tengan que resolver el PAI y volver a tramitarlo, eternizando así los plazos de ejecución. Al final la ley se ha quedado en una modificación de la normativa urbanística -Ley del Suelo No Urbanizable y Ordenación del Territorio y Paisaje- que, en parte, alimentó el "boom" de la construcción, un modelo que terminó estallando y agravando la situación económica.
La nueva normativa busca, también, mejorar la tramitación urbanística estableciendo el plazo de un mes para que las Administraciones emitan sus informes sobre los planes urbanísticos. Se eliminan los conciertos previos a la aprobación de los PGOU y la ley fija, por otro lado, que los ayuntamientos puedan disponer de inmediato de los ingresos del canon por Declaraciones de Interés Comunitario para impulsar la promoción de VPO, eliminando la necesidad de tramitar programas o proyectos de sostenibilidad.
"En caso de que los informes no se emitan en el plazo establecido, y siempre que no haya una ley que fije plazos específicos, podrá continuarse con el procedimiento, lo que supone una simplificación y agilización de los trámites para la aprobación de planes urbanísticos y, en definitiva, para dinamizar la economía y generar empleo", según explicó el vicepresidente tercero y conseller de Urbanismo Juan Cotino.
Además, Cotino aseguró que "esta medida coincide en sus objetivos con la filosofía del nuevo texto normativo: simplificar y agilizar la tramitación de planes e instrumentos urbanísticos, facilitar la implantación de actividades productivas y potenciar la inversión pública, favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo, como respuesta a la crisis económica"
Por otro lado, para generar empleo en suelo no urbanizable, se faculta a los ayuntamientos para reducir hasta un 50% el importe del canon que han de pagar las empresas que se implantan en suelo de estas características, y a prorrogar o fraccionar su pago. Además, se establece un nuevo procedimiento de urgencia para la tramitación de las DIC, que reduce la tramitación de seis a tres meses.
