El magistrado del caso Brugal, Carlos San Martín, decidió ayer inhibirse de la investigación judicial que afecta, entre otros, al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz por el plan zonal de residuos y enviarla a los juzgados de Benalúa de Alicante, según confirmó ayer este diario en fuentes judiciales. La intención del juez es dividir la causa en varias más pequeñas y repartirlas entre distintos órganos de instrucción, una medida muy similar a la adoptada en el llamado caso Orihuela en tiempos de José Manuel Medina. Aunque no hubo notificación oficial, el juez prorrogó también el secreto del sumario, una medida sobre la que a partir de ahora tendrá que pronunciarse el o los magistrados que asuman la investigación. De aceptarse la inhibición planteada por San Carlos, en los juzgados de Orihuela se quedaría sólo lo referente a la adjudicación de la contrata de basuras en ese ayuntamiento.
La decisión del juzgado no se había notificado ayer a las partes, aunque el magistrado mantuvo una entrevista a primera hora de la mañana con el fiscal Anticorrupción para, entre otros asuntos, informarle de su postura. Como ha venido publicando este diario, uno de los argumentos del juez San Martin para desprenderse de una parte de la investigación de este caso de presunta corrupción es que la decisión de adjudicar el plan zonal de residuos, cuya sede es la Diputación, se tomó en el Palacio Provincial. Aunque el ministerio público se oponía en una principio a que esta investigación saliera de Orihuela, no ha recurrido, que se sepa, la decisión adoptada ayer por el magistrado.
Tras la reunión de ayer, el magistrado continuó celebrando juicios con normalidad aunque todas las vistas que había señaladas quedaron suspendidas hasta las 11de la mañana. También se personaron en el juzgado los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que han llevado a cabo las pesquisas policiales.
A los abogados de los imputados tampoco se les había notificado nada sobre la decisión de inhibición. De hecho, ninguno de los letrados se personó ayer en el juzgado. Y desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se declinó informar oficialmente tanto sobre este aspecto como acerca de la prórroga del secreto del sumario.
Las fuentes consultadas por este diario indicaron que una vez que llegue la causa a Benalúa, ésta saldrá a reparto aleatorio entre los distintos juzgados de la capital. Los órganos judiciales afectados por la investigación serán varios, ya que la intención es dividir la investigación en cinco o seis más pequeñas. Entre estas diligencias estaría no sólo todo lo referente a la adjudicación del plan de basuras, sino también el hallazgo de un revólver en la caja de fuerte de Enrique Ortiz durante el registro de su empresa.
El fiscal Felipe Briones estuvo durante cerca de una hora ayer manteniendo encuentros con los responsables de todos los juzgados de Instrucción de Alicante para informarles de lo que iba a llegar en los próximos días. Los magistrados del Palacio de Justicia de Alicante todavía tienen la opción de rechazar la competencia en el caso y sería éste el momento en el que el fiscal podría plantear sus objeciones a la división del proceso. En caso de que se rechace, será la Sección Tercera de la Audiencia Provincial quien tenga que resolver dónde se queda finalmente el expediente. Hasta que los jueces de Alicante no acepten formalmente el caso, la instrucción se mantendrá en el juzgado oriolano.
