El magistrado titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela tiene que decidir hoy si prorroga un mes más el secreto de sumario del caso Brugal o bien lo levanta tras la detención de once personas acusadas de corrupción, entre ellas el presidente de la Diputación, varios empresarios y tres ediles de Orihuela.Todo apunta a que lo prorrogará porque el estado de la investigación, emprendida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, impide de hecho que se levante el secreto de las actuaciones ya que aún están pendientes de practicar nuevas diligencias. Si se levantara el secreto, la difusión a las partes de los hechos concretos que han llevado a plantear las imputaciones entorpecería el resultado final de las pesquisas.
El secreto de sumario ha ido prorrogándose el día 14 de cada mes desde que se inició el caso Brugal en 2007 y los diferentes jueces instructores que han pasado por el juzgado de Primera Instancia 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela han mantenido la medida mes a mes. Lo que se desconoce aún es si la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los implicados conocerán hoy mismo el auto judicial sobre este asunto o bien tendrán que esperar a mañana jueves.
En el caso más que posible de que el juez prorrogue el secreto de sumario, el equipo jurídico que se encarga de la defensa del presidente de la Diputación -formado por los abogados Fernando Candela, María Sansano y Bernardo del Rosal- tiene previsto recurrir y solicitar en el juzgado que se levante parcialmente el secreto, al menos las actuaciones que afectan a José Joaquín Ripoll.
Otra de las decisiones que debe adoptar el juez San Martín es si desgaja de las diligencias 851/07 las investigaciones sobre la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja y se inhibe en favor de un juzgado de Alicante. Los fiscales anticorrupción acudieron ayer de nuevo al juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, donde se reunieron con el magistrado para abordar la inhibición.
La postura del juez del caso es inhibirse de las pesquisas del plan de residuos porque el Consorcio que lo adjudicó está en la Diputación y la decisión se adoptó en Alicante. La Fiscalía Anticorrupción se opone, aunque no han trascendido los motivos para defender que la instrucción siga en Alicante. Uno de los motivos podría ser que haya delitos conexos y personas que están imputadas por las presuntas irregularidades en el plan de residuos y en la contrata de basuras de Orihuela, que es la otra adjudicación que se investiga desde 2007.
En cualquier caso, si el juez San Martín decide inhibirse, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que se dé traslado al fiscal y a las partes, aunque al estar bajo secreto de sumario presumiblemente las defensas no tendrán acceso a los motivos exactos en que basa el magistrado la inhibición. Asimismo, el juzgado de Alicante que reciba la causa también puede negarse a admitirla. En este caso, sería la Sección Tercera de la Audiencia, encargada de resolver los problemas de competencia, quien tendría la última palabra sobre qué órgano judicial continuará la investigación.
Por otro lado, las defensas del empresario Fenoll y su hijo han recurrido las fianzas aunque las harán efectivas probablemente mañana jueves.
