Pese al hermetismo oficial que rodea esta segunda fase de la "operación Brugal", todo apunta a que la intervención por orden judicial de las conversaciones telefónicas de varios de los imputados ha resultado determinante en las detenciones del pasado martes y la posterior toma de declaración por parte del juez.
Se da la circunstacia de que el teléfono del presidente de la Diputación Provincial ha estado "pinchado" durante buena parte de la fase de investigación, pero no sólo el terminal de José Joaquín Ripoll, sino también los de su esposa e hijos porque todos ellos forman parte del mismo plan de ahorro familiar telefónico, en el que figura como titular del mismo el también presidente provincial del PP.
Ante las dudas surgidas sobre la legalidad o no de la intervención telefónica a personas que no tienen ninguna capacidad de adjudicar contratos públicos, como es el caso de la familia de Ripoll, varios expertos jurídicos consultados por este diario coinciden en que debe extremarse el celo para no incurrir en posibles vulneraciones de derechos individuales fundamentales.
Un titular, varios usuarios
Las mismas fuentes indican que es difícil que un juzgado de instrucción como el Número 3 de Orihuela, por el que han desfilado ya varios titulares, pueda tomar medidas de "ajuste fino" dentro de un núcleo familiar a la hora de intervenir las comunicaciones telefónicas única y exclusivamente a la persona afectada por la investigación.
En la misma línea, también inciden en la complejidad que supone para los investigadores regular y discriminar los "pinchazos" en un caso como éste de contrato múltiple con un solo titular y diferentes usuarios.
