La posibilidad de que el juez que instruye la "operación Brugal" la divida en dos y se inhiba en parte de la investigación a favor de un juzgado de Alicante se basaría en el hecho de que el Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII de la Vega Baja se adjudicó en la Diputación, donde tiene su sede el Consorcio de las basuras.

El consorcio está formado por 27 municipios de la comarca de la Vega Baja, la Diputación de Alicante y la Generalitat, según recogen sus estatutos. En su junta de gobierno el voto de la Generalitat Valenciana representa el 25% por ciento del total, la Diputación cuenta con el 15% y el resto, el 60%, es el que suman los representantes de los municipios de la Vega. La Diputación tiene dos representantes en la junta de gobierno, la Generalitat tiene otros dos y cada uno de los 27 municipios de la comarca, otro. A su vez el voto de cada uno de los municipios tiene un peso distinto en ese 60%, ponderado por su peso demográfico. Por ejemplo, Torrevieja y Orihuela, que superan los 50.000 habitantes, cuentan con ocho votos.

También mantienen una representación importante municipios mayores de 20.000 vecinos como Pilar de la Horadada y Rojales, con siete, y los que superan los diez mil habitantes, como es el caso de Almoradí, Callosa de Segura, San Fulgencio, Guardamar del Segura o Albatera, con seis. El PP ha hecho valer su mayoría abrumadora en la junta de gobierno del Consorcio y en las resoluciones el peso del ripollismo es un valor, a pesar del 25% que controla el Consell, porque la mayoría de los municipios gobernados por el PP en la comarca, a excepción de Torrevieja y Almoradí, son ripollistas y el propio consorcio está presidido por José Joaquín Ripoll, que tiene voto de calidad.

La juntas de gobierno se deben reunir cada seis meses y la comisión de gobierno, un órgano más reducido, con poder ejecutivo, cada trimestre. El Ayuntamiento de Torrevieja se desmarcó desde el principio de las reuniones.