Justo una semana después de que estallara la "operación Brugal" con fuerte aparato policial, mediático y político-judicial, la defensa del más ilustre de los 11 imputados -el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll- ultima la petición de levantamiento parcial del secreto del sumario en el caso de que el titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, decida prorrogarlo este jueves día 15. A la espera de conocer los hechos que se le imputan en esta trama de presunta corrupción en torno a la gestión de las basuras en la Vega Baja, Ripoll reanudó ayer con normalidad su doble agenda institucional en la Diputación y al frente de la dirección provincial del PP. Mientras, la bronca política continuó en Madrid a cuenta del despliegue policial del pasado martes en Alicante. A las críticas vertidas por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusó a los populares de ser "los campeones" en la defensa de los corruptos.

Pasado mañana está previsto que el juez instructor de Orihuela decida si levanta el secreto del sumario de un caso que se investiga desde 2007 por parte de diferentes titulares de esa sede judicial o si, por el contrario, acuerda una nueva prórroga de la reserva de las actuaciones. En este segundo caso, los abogados de Ripoll -María Sansano, Bernardo del Rosal y Fernando Candela- pedirán al juez San Martín que, al menos, levante la parte del sumario que afecta al presidente de la Diputación "para poder conocer los hechos que se le imputan", explicaron fuentes próximas a la defensa. El también presidente provincial del PP salió el pasado jueves del juzgado imputado de cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y revelación de secreto. Sin embargo, Ripoll aún no conoce los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen en esta investigación, en la que participan, además del juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. De hecho, aunque el presidente de la Diputación ha destacado la "modélica actuación" de los agentes, también ha dejado entrever cierto malestar en sus dos comparecencias públicas tras la detención del pasado martes por desconocer los motivos concretos de su imputación junto a tres concejales de Orihuela y varios empresarios, entre los que destacan Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

En paralelo a la estrategia de defensa jurídica, Ripoll reanudó ayer con normalidad su doble agenda institucional y política. Primero recibió en la Diputación al consejero delegado de Sol Meliá, Gabriel Escarrer, que acudió acompañado del vicepresidente de la CAM, Armando Sala, y, a continuación, se reunió en la sede del PP provincial con el comité de dirección del partido.