El Tribunal Supremo ha revocado la condena a un hombre, cuyas iniciales son A.P., de nacionalidad rusa, tras haber declarado nulas las escuchas telefónicas con las cuales la Guardia Civil consiguió abortar en 2008 una operación de descarga de tres toneladas de hachís en Pilar de la Horadada que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 3.984.000 euros. Las mismas escuchas sirvieron para condenar a otros seis miembros de una banda, integrada en total por 14 narcos del Magreg y de países del Este.

En el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante se llegaron a sentar hasta 13 acusados -uno de ellos, el que ahora ha quedado absuelto, no pudo asistir por estar hospitalizado- en un macrojuicio en el que se condenó a los llamados "braceros", mientras que los cabecillas fueron absueltos por falta de pruebas. Ahora, los recursos presentados por los otros seis condenados están pendientes del fallo del Supremo. La sentencia del Alto Tribunal respecto a A.P. -representando por el letrado José Luis Sánchez Calvo- ha sido la primera en hacerse pública, a falta de conocer la resolución del Supremo respecto a los otros seis condenados. El tribunal considera, además, que no queda demostrada la participación de A.P. en los hechos.

La Audiencia Provincial de Alicante castigó en 2009 a tres años de prisión por delito contra la salud pública a A.P., así como a cuatro años a otros seis acusados de tráfico de drogas. El Supremo ha absuelto al primero del delito por el que fue condenado ya que entiende que las escuchas teléfonicas, así como los indicios derivados de las mismas, no han de ser admitidos como pruebas.

Las diligencias las abrió un juzgado de Sabadell, de donde procedía la droga, adquirida en el norte de África. La investigación se siguió mediante escuchas telefónicas intervenidas judicialmente. A través de éstas, la Guardia Civil dio al traste con una 0peración para descargar de madrugada los fardos en furgonetas. En la playa de Torre de la Horadada, los agentes descubrieron la droga y a sus receptores. Las defensas solicitaron la nulidad de las escuhas por considerar que se trataba de una medida desproporcionada e injustificada.