Nacido en Tenerife y de 34 años, el juez Carlos San Martín desató la caja de los truenos cuando esta semana aseguró en plena tormenta de la Operación Brugal a través de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia que él no había ordenado ninguno de los arrestos. No está adscrito a ninguna asociación y no se le conocen claras afinidades políticas pero siempre ha sido especialmente reivindicativo con las carencias de medios de la Justicia, aunque se trata de una persona discreta y que hasta ahora no había tenido un protagonismo excesivo, lo que explica la ausencia de fotos suyas en los archivos. Periódicamente ha ido enviando tanto al Tribunal Superior de Justicia como a la Audiencia extensos informes sobre las carencias de medios en su juzgado.

Decano en los juzgados de San Vicente pasó antes por Villena donde estuvo en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Su traslado a Orihuela se produjo en enero de este año al ascender de categoría profesional y pasar de juez a magistrado. La sorpresa fue mayúscula al llegar hace cinco meses a un juzgado que desde diciembre se dedica sólo a asuntos de carácter civil y encontrarse entre las instrucciones penales pendientes una voluminosa investigación que se inició hace tres años. Durante este tiempo, hasta cinco jueces distintos han pasado por este juzgado. Ahora habrá que ver si se acuña el dicho de "a la quinta va la vencida", ya que la investigación que parecía dormida se ha reactivado durante la última semana.

Si alguien pensaba que tras la decisión del magistrado de ir a Orihuela dormía la secreta intención de conseguir un destino cómodo, posiblemente se equivoque, ya que son de los juzgados más colapsados de toda la provincia. Quienes le conocen, lo describen como una persona muy trabajadora. De los que llegan a primera hora de la mañana y no se marcha hasta pasadas las siete de la tarde. Sin embargo, eso contrasta con que el magistrado hubiera solicitado la jornada de descanso el día en el que se practicaron los registros. El día anterior dejó firmados los autos por el que se autorizaban todas estas diligencias. Tal vez la clave esté en su nada disimulada intención de inhibirse y mandar la investigación sobre el Plan Zonal a un juzgado de Alicante.