Despues de tres años de alfombrada oposición en la Diputación a la gestión del popular Joaquín Ripoll, los socialistas se decidieron ayer a dar el giro que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, reclamó a sus diputados provinciales durante su comparecencia nocturna del pasado jueves a las puertas del Palacio Provincial. A última hora de la mañana, los representantes socialistas registraron un escrito en el que exigen los datos sobre la facturación de la Diputación con 70 mercantiles que son propiedad o están participadas por los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, ambos imputados en la "operación Brugal", una investigación que tiene como epicentro la adjudicación por parte de la Diputación del contrato para la gestión de las basuras de la Vega Baja durante los próximos veinte años.

Los socialistas reclaman al presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, también imputado por cinco graves delitos en este asunto, que se les entregue, en el caso que corresponda, una lista con posibles facturas -exclusivamente nominación e importe, no copias de los documentos- presentadas por las sociedades en las que participan ambos empresarios durante los tres últimos años. Ortiz, como se recordará, quedó en libertad aunque imputado por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias después de que el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, solicitara prisión eludible con una fianza de 800.000 euros, extremo que el juez rechazó. Fenoll también quedó imputado aunque, en este caso, el magistrado sí aceptó la petición de medidas cautelares planteada por la Fiscalía. El empresario oriolano tendrá que pagar 300.000 euros si quiere eludir su ingreso en prisión.

La petición la firma la número dos del PSPV en la Diputación, Teresa Carbonell, ante la ausencia del portavoz Antonio Amorós, cuyo protagonismo en este asunto ha sido bastante limitado. Carbonell explicó que su intención es "seguir trabajando por los municipios para que les lleguen las subvenciones que permitan cubrir las necesidades de cada población, como hemos venido haciendo hasta el momento". La portavoz adjunta del grupo socialista en la institución provincial aseguró que, en todo caso, los votos de los representantes del puño y la rosa en la institución servirán para seguir "aprobando aquellos proyectos que sean favorables para los ciudadanos y daremos nuestro voto negativo a aquellos que no lo sean pero siempre -apostilló la diputada- pensando en los ciudadanos".

En este sentido, la diputada reclamó al equipo de gobierno del PP que la Diputación no se "paralice bajo ningún concepto por el hecho de que el presidente haya sido llamado por un juez a declarar". Sí apuntó, sin embargo, que la "confianza" que los diputados del PSPV "teníamos depositada en su persona como presidente de la institución se ha visto mermada a raíz de su imputación por delitos muy graves pero también por su irresponsabilidad y poca ética democrática no dimitiendo de su cargo". El giro de la posición del PSPV supone toda una declaración de intenciones. Hasta ahora, Joaquín Ripoll ha tenido siete años, en líneas generales, de plácidos mandatos en los que, en la mayoría de las ocasiones, ha sacado adelante sin votos en contra o con el visto bueno del grupo de diputados del PSPV tanto los presupuestos de la Diputación como los planes de obras y servicios, el principal programa de reparto de fondos entre los municipios de la provincia.

Con esta petición, al menos asó lo apuntando todos los indicios, los socialistas abren un periodo -los diez meses que restan hasta las elecciones- de endurecimiento de la labor de oposición. esperan que se abra una etapa de "transparencia institucional y política puesto que hablamos de un organismo público que, en definitiva, es de todos y que debe gestionar un presupuesto muy importante". "Nosotros vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas y manteniendo el respeto más absoluto por la justicia", concluyó la diputada del PSPV.

La petición de los socialistas alicantinos se produjo mientras el Gobierno intenta defender la actuación de la Policia durante el despliegue del martes, cuando se produjeron los registros en la Diputación y en el Ayuntamiento de Orihuela. La propia vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Fomento, José Blanco, dos pesos pesados, salieron a la palestra para validar la acción del Ministerio del Interior y, de paso, cargar contrael inmovilismo de Mariano Rajoy. La número dos de Zapatero en el Ejecutivo, al término del Consejo de Ministros, consideró "irresponsables" las críticas del PP al despliegue policial que originó la detención de Joaquín Ripoll y defendió que en España las Fuerzas de Seguridad trabajan por hacer cumplir la ley. "Los procesos judiciales -aseveró- gozan de todas las garantías. La corrupción es una lacra política contra la que el Gobierno es implacable". También defendió la legalidad de la actuación policial Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en la Comunidad.

Blanco, por su parte, urgió a Rajoy a no "escudarse" en supuestos procedimientos "inadecuados" y le emplazó a argumentar si "comparte el fondo" de la actuación policíal y judicial para, de esa manera, toma de decisiones con respecto a la situación de José Joaquín Ripoll, en libertad con cargos a cuenta de dichas actuaciones. José Bono, presidente del Congreso, reclamó que se investigue hasta el final aunque pidió que se respete la presunción de inocencia. Hasta el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, de visita en Valencia, reclamó a los políticos que sean "más transparentes y más cumplidores".