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Tras una semana marcada por los registros de su domicilio y de su despacho en el marco del "caso Brugal" -una operación de Anticorrupción que tiene su origen en la adjudicación del contrato para la gestión de la basura en la Vega Baja- y por su imputación por cinco graves delitos, el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, retornó ayer al trabajo en el Palacio Provincial. Una convocatoria de la Agencia Provincial de la Energía con la que el titular de la institución provincial trató de ofrecer una cierta imagen de normalidad mientras desde las filas del PP arreciaron en sus ataques contra el Gobierno y la Fiscalía, una estrategia que los populares van a tratar de "estirar" a lo largo de las próximas semanas.
Un día después de que el juez de Orihuela que instruye la "operación Brugal" imputara a Ripoll por los presuntos delitos de cohecho, fraude, revelación de información privilegiada, actuación prohibida a autoridades y tráfico de influencias, el titular de la Diputación reanudó su actividad habitual. El dirigente del PP ha trasladado a sus colaboradores la necesidad de darle la vuelta a la tortilla. ¿Receta? Mantener el nivel de gestión al frente de la institución provincial y tratar de ofrecer una imagen de calma institucional. A primera hora de la mañana, Ripoll acudió a su despacho de la Diputación para trabajar con "normalidad". A las 13 horas presidió una convocatoria de la Agencia de la Energía, una reunión de carácter interno. No hubo ni imágenes ni tampoco declaraciones. El presidente de la Diputación descansará el fin de semana y volverá a la actividad el próximo lunes. Recibirá a altos dirigentes de la cadena Sol Meliá, una de las más importantes del sector turístico; y luego presidirá un encuentro de las empresas de uno de los proyectos más emblemáticos del plan estratégico de la Diputación: el "cluster" sanitario.
La vuelta de Ripoll a la actividad se produjo mientras desde el PP optaron por redoblar sus ataques contra el Gobierno y la Fiscalía. Los populares valencianos se han aferrado a la polémica gestión del Ministerio del Interior en la segunda fase del "caso Brugal" como una vía para demostrar que no sólo la actuación contra Ripoll sino también la investigación contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la "operación Gürtel" es una persecución contra las instituciones de la Comunidad. Salió a la palestra el Consell para recordar, en palabras de su portavoz Paula Sánchez de León, las imputaciones, en su día, del ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y de Luis Díaz Alperi que, finalmente, dijo acabaron "archivadas" en actuaciones del fiscal Felipe Briones, el mismo del "caso Brugal". Pero también el grupo en las Cortes para denunciar el doble rasero de la Fiscalía por investigar a cargos del PP pero, por contra, evitar actuar contra Ángel Luna por exhibir un documento bajo secreto sumarial en las Cortes; y la propia cúpula autonómica popular que reclamó, por boca de su número dos Antonio Clemente, explicaciones a Fiscalía por actuar siempre "de forma sectaria" contra cargos del PP en la Comunidad.
