Las medidas del Consell causaron ayer indignación en la oposición. La diputada socialista, Consuelo Català, las calificó de "absurdas" y de "cortina de humo", al tiempo que denunció que el paso dado por el Gobierno valenciano busca presionar a las mujeres para que no aborten con "grandes dosis de crueldad". "Sabíamos que eran corruptos, que eran aliados de la doble moral y ahora sabemos con son golpistas institucionales con dosis de crueldad", manifestó Català, quien cargó contra Cotino, al que consideró muñidor de una medida que persigue vigilar a las mujeres y a los empleados de la Sanidad y crear "listas negras". Con todo, la diputada aseguró que la ley se cumplirá e hizo un llamamiento a las federaciones de mujeres y profesionales sanitarios para que contesten de manera contundente al Ejecutivo de Camps.
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Compromís en las Cortes, Mireia Mollà, señaló que la objeción de conciencia para el personal no sanitario "no es legal y supone un ataque al derecho de los ciudadanos", por lo que advirtió que su formación la llevará a los tribunales si se aprueba. "Se trataría de una objeción parecida a la que se intentó hacía frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que fue rechazada por el Tribunal Supremo", recordó la diputada. Respecto al reparto de información visual, Mollà expresó su temor a que "de acuerdo con el talante nacionalcatólico del Consell se pueda convertir en una coacción a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo".
