09 de julio de 2010
09.07.2010

El PP provincial cierra filas con Ripoll y el regional exige la dimisión de Rubalcaba

La dirección alicantina manifiesta, "hoy más que nunca", su confianza en la inocencia de su presidente

09.07.2010 | 02:00

Apenas media hora tardó el equipo directivo de José Joaquín Ripoll en el PP provincial en cerrar filas con su presidente tras la decisión del juez de decretar su libertad sin fianza pero con la imputación de cinco delitos. Mientras el "núcleo duro" de Ripoll manifestaba su "plena confianza" en la inocencia de su jefe de filas, el PP regional, más distante y menos implicado, optaba por pedir la dimisión del ministro Rubalcaba por "el uso fraudulento" del Estado de Derecho "para acosar al PP". Un argumento genérico este último que utiliza el PP de la Comunidad desde que estallara la "operación Brugal" el pasado martes para defender por analogía y extensión a Camps de los embates policiales y judiciales del caso Gürtel.
Superado el "shock" inicial tras la detención de Ripoll y toda la confusión policial y judicial que rodeó el caso, el comité de dirección del Partido Popular de la Provincia de Alicante expresó ayer, "más que nunca", su plena confianza en la inocencia de Ripoll. Asimismo, reclamó el respeto a la presunción de inocencia para su presidente y exigió el más escrupuloso respeto a las normas que rigen el Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial.
La dirección del PP provincial subraya que estará especialmente atenta "a cualquier intento de vulneración de estos principios sustentadores del Estado democrático que a juicio del Comité se produzcan". En la línea de lo manifestado por el propio Ripoll desde que la Policía y el secretario judicial se presentaron en su casa a primera hora del martes, el comité de dirección del PP quiso recordar que la actitud de su presidente "ha sido siempre de plena colaboración con la Justicia en aras a la verdad, la transparencia y la legalidad en el convencimiento de su más absoluta inocencia". Un criterio que la dirección popular dice compartir "desde el respeto a las instituciones y a sus responsables".
También el PP regional reaccionó con celeridad tras la decisión del juez de Orihuela sobre Ripoll, pero, ni mucho menos, en los términos de cerrada defensa del dirigente alicantino expresados por la dirección provincial. En consonancia con la línea argumental marcada por el cuartel general de Génova 13, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, pidió ayer la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la "utilización fraudulenta que realiza del Estado de Derecho y la normalidad con la que pone a su disposición los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para acosar al PP".

Operación "persecutoria"
Sin entrar en consideraciones sobre la inocencia del presidente de la Diputación Provincial, Clemente manifestó que "el hecho de que Ripoll haya quedado en libertad y que no se adopte ninguna medida cautelar indica la endeble acusación de Rubalcaba y Conde Pumpido y que, por tanto, el operativo tan espectacular montado sobraba e iba destinado a la prensa y no al juzgado, es decir, era una operación más dentro de la política persecutoria contra el PP". También expresó su confianza en que se respete la presunción de inocencia y el Estado de Derecho".
El secretario general del PP regional abundó en la teoría conspirativa para señalar que las directrices sobre las detenciones del pasado martes en Alicante "se establecieron en el Ministerio, que había organizado la operación dos meses antes y estaba a la espera de dar la orden". Sin embargo, el juez oriolano Carlos San Martín comunicó ayer a los policías al término de la toma de declaración a los arrestados que las detenciones practicadas el martes se ajustaron a derecho y a la legalidad.
No obstante, Clemente insistió en que "como prueba de que la orden de detención partió del Ministerio es el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aclarado que el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela no había expedido ninguna resolución por la que se ordenase la detención de persona alguna". Pese a ello, denunció que casi un centenar de policías procedieron a detener a Ripoll y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela "con absoluta desproporcionalidad y máximo perjuicio a la imagen de estas personas".

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