08 de julio de 2010
08.07.2010

La gestión de la operación policial le facilita un "balón de oxígeno" al PP

Los populares centrarán sus argumentos en un escenario de "persecución" contra las instituciones de la Comunidad

08.07.2010 | 02:00

A pesar de estar acuciados por los conflictos judiciales que salpican a altos cargos del PP en la Comunidad, la gestión del despliegue de la Policía en la Diputación y el Ayuntamiento de Orihuela con la detención de Joaquín Ripoll ha terminado por conceder un balón de oxígeno a los populares que, con el embrollo judicial y político en el que ha derivado la segunda fase de la "operación Brugal", han encontrado un asidero argumental para tratar de darle la vuelta a la tortilla. Y a ese resquicio se han agarrado. Estamos, no se cansan de repetir los altos cargos del PPCV consultados, ante una operación policial "desproporcionada" y que viene a confirmar, en opinión de los populares, la "persecución" del Gobierno contra las principales instituciones de la Comunidad.
El inesperado escenario abierto apenas 24 horas después de la actuación policial contra Joaquín Ripoll no sólo concede elementos de defensa pública al presidente de la Diputación sino que, igualmente, beneficia al propio Francisco Camps, pendiente de las decisiones del TSJ sobre la trama Gürtel, y también a Carlos Fabra, a las puertas de sentarse en el banquillo. La dirección regional del PP, de hecho y pese a su eterno enfrentamiento con Ripoll, ha evitado lanzar crítica alguna, ni siquiera velada, contra el máximo responsable de los populares en la provincia. Todo lo contrario. Tanto la cúpula del PP en Valencia como el grupo popular en las Cortes se abonaron a denunciar el uso que el Gobierno socialista hace de los "instrumentos" del Estado en contra de los principales cargos del Partido Popular.
Así que no fue Ripoll el primero en acogerse a la tesis que le sitúa como víctima de una operación que forma parte, apuntan los populares, de una conspiración contra el PP. Sino que a ese hilo se engancharon dos de los principales colaboradores de Camps -Antonio Clemente, su número dos en el PP; y Rafael Blasco, el síndic en las Cortes- para explicar, en gran medida, la situación de los altos cargos del PP que arrastran problemas judiciales. Ese escenario, al menos por ahora, inmoviliza a Génova, explicaron fuentes populares, para tomar algún tipo de decisión de carácter disciplinario. El PP no ha actuado ni contra Camps ni contra el propio Fabra, pese a la imputación de ambos. Eso, entienden desde los populares alicantinos, "blinda" la continuidad de Joaquín Ripoll al frente de la organización provincial. O todos, o ninguno.

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