Dos aclaraciones en menos de siete horas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad emitió ayer dos comunicados, uno pasadas las 11 de la mañana y el segundo poco después de la seis de la tarde, en los que, sobre la detención el día anterior de 11 personas en el marco de una operación contra la corrupción en la provincia de Alicante, el juzgado de Orihuela que investiga el caso aseguraba que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, con la que se haya ordenado detención de persona alguna".
Esta comunicación del máximo órgano judicial de la Comunidad se producía después de que todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz, hubieran sido detenidos y puestos en libertad acusados de delitos que van desde la prevaricación al cohecho pasando por el tráfico de influencias y el fraude, cargos por los que han recibido una citación policial para comparecer en el juzgado entre hoy y mañana.
La primera de la notas, en la que también se indicaba que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación respecto de ninguna de las personas", vio la luz unas horas después de que todos los medios de comunicación dieran cuenta de la nota del Ministerio del Interior en la que se informaba de estas 11 detenciones y que fue remitida desde la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a última hora del martes. Un comunicado en el que, además de las imputaciones, se hablaba de las detenciones, de los registros y de la incautación de "numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos".
Arrestados
Frente a la contundencia de la nota policial en la que se informaba, además de los arrestados, de los 19 registros que se llevaron a cabo, en las dos redactadas ayer por el TSJ se insistía en la inexistencia de órdenes judiciales de detención, aunque en la segunda sí se precisaba que la Policía puede "practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación". Matización que se produjo después de que el Ministerio del Interior, ante semejante galimatías, se viera forzado a aclarar que la Policía tiene autoridad para arrestar a un sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que instruye el caso.
La confusión y contradicciones que provocó a lo largo de la jornada la emisión de los comunicados del TSJ alcanzó su cénit en el de por la tarde, en el que se aseguraba que el juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela (antiguo Mixto 3), que investiga el caso, no tenía a última hora de la mañana de ayer "ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el juzgado". En la misma nota se aseveraba que antes de la operación sólo se recibió en el juzgado una consulta sobre horarios y disponibilidad y se añadía que a media tarde de ayer el juez fue informado "verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto". Todos los detenidos el martes recibieron una citación policial para comparecer entre hoy y mañana viernes en este juzgado. Ripoll lo hará las 14 horas y el empresario Enrique Ortiz una hora antes.
"Una vez concluida la mañana -continúa la nota aumentando las dudas- el juzgado no tenía constancia alguna de comparecencia alguna prevista para mañana o los próximos días (...) excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación. Sin embargo, a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".
Por último, según la nota del TSJ, el titular del juzgado, Carlos San Martín, quiere precisar que "autorizó las entradas y registros practicadas ayer (por el martes) como consecuencias de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones -precisa- fueron notificadas a los interesados en tiempo y forma".
La Fiscalía sale al paso
En medio de este cruce de comunicados y de precisiones sobre lo ordenado y lo permitido, la Fiscalía General del Estado, que a través de Anticorrupción está llevando este asunto como acusación pública, salió al paso a primeras horas de la tarde con el objetivo, se supone, de aclarar, aunque lo que consiguió fue lo contrario. En la segunda entrega de la operación Brugal, dijeron desde el ministerio público, no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del juzgado sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados. Y agregaron que la operación policial, en la que participaron más de un centenar de agentes, está amparada en el mandamiento del juez de Orihuela (el quinto magistrado que se hace cargo del caso) que lleva en estos momentos la investigación y que se fundamenta en un documento de casi una veintena de folios que autorizó los registros y que se "acompañara" a las personas afectadas para tomarles declaración.
De hecho, y según ha podido saber este diario, el auto por el que se autorizan los 19 registros en Alicante, Orihuela y Valencia recoge que, para facilitar la operación y si fuera preciso, se permite a los agentes proceder a la detención policial de todos o de alguno de los implicados en esta operación y su traslado desde donde sean localizados hasta el local o vivienda donde se vayan a practicar los registros. De hacerse, se precisa, se pondrá en conocimiento del juez.
Aún con estas explicaciones, el PP cargó ayer contra el Gobierno, al que acusó de ordenar la detención de Ripoll sin autorización al tiempo que tanto la secretaria general PP, María Dolores de Cospedal, como el vicesecretario del Comunicación, Esteban González Pons, volvieron a pedir al ministro del Interior, Alfredo Pérez Pérez Rubalcaba, que aclare los "puntos oscuros" de la operación, que vinculó con una maniobra publicitaria a favor del Gobierno y en contra del PP. Pons insistió en que "la Policía suplantó gravísimamente al juez: acordó una detención sin autorización judicial, citó en nombre del juez a Ripoll para comparecer ante el juez y en la nota de prensa de la Policía se dice que a los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento mientras que el TSJ asegura que no hay ninguna imputación".
Frente a unas declaraciones tan duras y contundentes, fuentes conocedoras de la operación próximas al PP aseguraron que no veían incorrección alguna en el modo en que se llevó a cabo aunque admitieron que si se puede analizar si se actuó con proporcionalidad. "En cuanto al número de agentes, es la Policía la que tiene que determinar cuál es el operativo necesario.
El nombre
La operación Brugal, nombre con el que se bautizó la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja, debe su nombre al acrónimo Basuras RUrales Gestión ALicante". Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación que han recordado que las Fuerzas de Seguridad suelen bautizar todas las investigaciones abiertas con nombres relativos a algún detalle de la operación o que aluden, aunque sea de forma colateral, a algún aspecto concreto de las personas investigadas. Es el caso de la reciente "operación Gürtel", "correa" en alemán, apellido del presunto cerebro de la trama corrupta.
