07 de julio de 2010
07.07.2010

Los socialistas optan por el silencio hasta que se cierre la operación

El grupo de diputados provinciales del PSPV acuerda evitar las declaraciones

07.07.2010 | 02:00
El socialista Roque Moreno, a las puertas de la Diputación Provincial.

La segunda parte de la Operación Brugal supone un un varapalo para la estructura del PP en Alicante, una provincia donde los populares se acercan al centenar de Alcaldías y los socialistas ostentan la menor cuota de poder municipal de su historia. Sin embargo, desde el PSPV, a diferencia de la posición que mantienen con el caso Gürtel, optaron por evitar el cuerpo a cuerpo. Hubo un silencio total y absoluto -salvo un par de declaraciones de escaso calado- desde las filas socialistas. Ni una sola crítica contra el PP cuando la operación policial asesta un duro golpe contra la columna vertebral de los populares alicantinos, que lideran Joaquín Ripoll y Mónica Lorente.
A media mañana, el portavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós, llegó al Palacio Provincial para seguir desde allí las evoluciones de la operación. Tras reunirse con los diputados que en esos momentos estaban en la institución, el propio Amorós optó por aplazar cualquier pronunciamiento hasta disponer de más datos y ver cómo evolucionan los acontecimientos en Presidencia de la Diputación, donde, durante toda la mañana, la Policía practicaba registros y procedía a requisar documentación. Fuentes socialistas señalaron, incluso, que la responsabilidad del expediente recaía en la Generalitat y apuntaban de forma directa a la conselleria de Medio Ambiente.
Lo cierto, sin embargo, es que la adjudicación de la gestión de los residuos de la Vega Baja -un contrato que afecta a 27 municipios y que se otorgó p0r 20 años a una UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz- se validó con el voto a favor de los alcaldes socialistas. La Junta de Gobierno del Consorcio, con fecha 3 de enero de 2008, aprobó el expediente con el respaldo de los primeros ediles del PSPV. Y en la mesa de contratación, formada por cuatro personas, el único representante del puño y la rosa -el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo- también dio su voto favorable al trámite. Los socialistas deberán decidir si, durante el pleno de la Diputación de mañana, preguntan a Ripoll.

Ni Valencia ni Madrid
Pero al silencio del grupo de diputados provinciales, con el citado Amorós a la cabeza, se sumó, igualmente, el de la dirección provincial que encabeza Ana Barceló y el de la ejecutiva de los socialistas valencianos. Jorge Alarte, de hecho, no emitió comunicado oficial alguno para valorar la operación impulsada por Anticorrupción, a diferencia de la presión que los socialistas mantienen con el caso Gürtel. Ayer por la tarde, la cúpula dirigente del PSPV, reunida en la sede de la calle Blanqueries, se planteaba si salir a la palestra para valorar el escenario de una operación que ponía en solfa al PP de Alicante. Pero, sin embargo, entre los mandatarios socialistas se extendía la opinión de intentar evitar cualquier declaración en tanto no se cerrara por completo la operación judicial. En ese escenario, tampoco Ferraz habló. La prudencia, a la espera de acontecimientos, se extendía entre las filas socialistas. En esa dirección se manifestaron los cargos del PSPV que, obligados por el azar de la agenda, no tuvieron más remedio que ponerse ante los micrófonos.
"Hay que estar tranquilos y respetar los procesos judiciales", vino a decir el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante y diputado, Roque Moreno, a las puertas del Palacio Provincial mientras accedía a las dependencias de su grupo. Ni una palabra más. A la espera de retornar a las filas socialistas, el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, durante el chupinazo de la fiestas de San Fermín que la colonia navarra celebra en su localidad, habló de "sorpresa mayúscula" pero, en todo caso, apeló a la "presunción de inocencia". El único que se extendió algo en sus apreciaciones fue Joan Lerma, ex presidente de la Generalitat y senador territorial. Durante un acto en la Cámara Alta, el antiguo mandatario del Consell vinculó la situación del PP con la debilidad que, a su juicio, la Generalitat ha mostrado en cuestiones concretas como a su juicio, citó, la fusión de las cajas.
Lerma, que también reclamó que se respete la "presunción de inocencia", criticó a los gobernantes del PP por la imagen de la Comunidad. "Políticamente, los que están gobernando en estos momentos no están dando una imagen edificante", aseveró. "Creo que eso requiere de una actuación en profundidad y no creo que la ocupación de nuestros dirigentes sea precisamente esa, sino más bien la de defenderse personalmente de los ataques mediáticos que han conllevado los últimos escándalos protagonizados por los populares", señaló Lerma al término del acto sobre el registro judicial en la Diputación.

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