Con epicentro en Orihuela, Alicante y la Diputación, un terremoto político y judicial de primera magnitud sacudió ayer de norte a sur la provincia y el resto de la Comunidad. En el marco de la denominada "operación Brugal" y en un despliegue sin precedentes, la Policía detuvo ayer a 11 personas - entre ellas el presidente de la institución provincial y del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, tres concejales de Orihuela y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll-, al tiempo que practicó sendos registros de la vivienda de Ripoll, de la Diputación y del consistorio oriolano.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también registraron los domicilios de Ortiz y Fenoll, así como las oficinas del Grupo Cívica y de Inusa, empresas propiedad de Ortiz, que fue localizado en Pamplona en pleno San Fermín. En una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Número 3 de Orihuela, los detenidos están acusados, según los casos, de prevaricación, cohecho, fraude, encubrimiento y tráfico de influencias por el presunto pago de comisiones por la adjudicación al citado empresario alicantino del Plan Zonal de Residuos para 27 municipios de la Vega Baja, aprobado en enero de 2008. Después de 12 horas detenidos, la mayoría de los implicados fueron puestos en libertad pero tendrán que comparecer ante el juez, que será quien decida, en su caso, si se les imputa. Ripoll está citado mañana. Además de los siete mencionados también fueron detenidos el hijo de Fenoll, un empleado de Ortiz y un amigo de éste -que figuraban en la documentación policial pero no hay constancia de que prestaran declaración- y también un empresario de Valencia.
La noticia, de amplia repercusión nacional, conmocionó ayer todos los ámbitos públicos y sociales de Alicante y la Comunidad. Mientras Rajoy eludió la cuestión y el presidente Camps pedía "prudencia y responsabilidad", el PSPV se limitó -extrañamente- a expresar su confianza en la Justicia y EUPV y Compromís pidieron la dimisión de Ripoll, el verdadero azote del presidente de la Generalitat en el "caso Gürtel". "El presidente de la Diputación está tranquilo y bien", señaló uno de sus representantes legales, Fernando Candela, tras ser trasladado a primera hora de la tarde desde la institución a la Comisaría Provincial para prestar declaración.
Aunque en varios mentideros políticos de la provincia se especulaba desde hace semanas con el desarrollo de esta segunda fase de la "operación Brugal", fue ayer cuando estalló con toda la intensidad tras el análisis de horas de pinchazos telefónicos y otras pruebas de la adjudicación del Plan Zonal a la firma Cespa-Ortiz. Estalló con los registros simultáneos de la vivienda del presidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Orihuela sobre las 8 de la mañana. A esa misma hora, un inusualmente amplio despliegue policial también custodiaba ya el Palacio de la avenida de la Estación, al que se impidió el acceso a toda persona ajena a la institución.
Unas tres horas duró el registro de la vivienda de Ripoll, que fue trasladado a la Diputación en un vehículo de la UDEF bien entrado el mediodía. Justo a las 12.45 llegaba al Palacio Provincial el abogado penalista y ex Síndico de Agravios, Bernardo del Rosal, llamado para defender al también presidente del PP. "Vengo como abogado", dijo el letrado a distancia a los más de 30 periodistas que aguardaban noticias extramuros del recinto. Tras más de dos horas, en las que los agentes intervinieron diferente documentación del área de Presidencia en presencia de Ripoll, éste fue trasladado a la Comisaría Provincial custodiado por los mismos vehículos.
"En el auto de la entrada de registro hay indicaciones genéricas, pero no nos han explicado todavía cuáles son los hechos que motivan las imputaciones", explicó Del Rosal tras salir del registro de la Diputación. Otro de los representantes legales de Ripoll, Fernando Candela, destacó que tanto ellos dos como el dirigente político están "tranquilos y bien". Ambos resaltaron la predisposición de éste a colaborar "en todo momento" con los agentes judiciales.
La declaración de Ripoll ante la Policía, muy breve, se hizo coincidir con la llegada a la Comisaría de los tres concejales de Orihuela detenidos: Ginés Sánchez, Manuel Abadía y Antonio Rodríguez Murcia, responsables respectivamente de Calidad Medioambiental, Servicios e Infraestructuras y Pedanías. Pasadas las ocho de la tarde también comparecieron Ortiz -tras su viaje relámpago a Pamplona- y Ángel Fenoll. Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos.
Calma tensa en el PP
La detención del presidente provincial del PP, abiertamente enfrentado al líder regional Francisco Camps, estremeció a todo el partido en la Comunidad y añadió un nuevo quebradero de cabeza a su líder nacional Mariano Rajoy, que eludió la cuestión cuando fue preguntado. Mientras los consellers suspendían ayer tarde y apresuradamente sus agendas para hoy, la dirección provincial del PP salió en defensa de Ripoll y Camps pidió "prudencia y responsabilidad" a la espera de nuevos datos sobre esta segunda fase de la "operación Brugal".
Los agentes intervienen dinero, documentación y soportes informáticos
El operativo policial bautizado como «operación Brugal» se centró en Alicante, Orihuela y Valencia con un total de 19 registros en domicilios particulares y sedes de las empresas de varios de los implicados, según confirma el Ministerio del Interior. También fueron registrados la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Orihuela, de donde los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal intervinieron «numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos», precisó la Dirección General de la Policía, que también hizo hincapié en que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas. El ministerio no precisó la cuantía del dinero en metálico intervenido, ni tampoco a quién pertenecía. Antes de que la Policía difundiera estos datos, la Diputación publicó una nota en la que aseguraba que Ripoll salió en libertad «sin cargos».
