07 de julio de 2010
07.07.2010

Un despliegue de más de un centenar de policías para detenciones y registros

Los agentes tomaron los alrededores de la Diputación y los accesos a la casa del presidente

07.07.2010 | 02:00
Un furgón policial abandona el edificio de la Diputación.

Un operativo compuesto por 110 agentes del Cuerpo Nacional de Policía tomó ayer los alrededores del Palacio de la Diputación y del domicilio particular del presidente, José Joaquín Ripoll, así como la entrada a las oficinas del grupo Cívica y al chalé de su propietario, Enrique Ortiz, durante la segunda entrega de la operación Brugal que provocó once detenciones y 19 registros entre Alicante, Orihuela (donde también se intervino en el Ayuntamiento y se detuvo a tres ediles y dos empresarios) y Valencia sin que aún se haya dado por cerrada.
Desde las 6 de la mañana, efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Unidad de Intervención (antidisturbios) de Valencia y de la Brigada de la Policía Judicial de Alicante se concentraron en la Comisaría para, unas horas después, comenzar a practicar las detenciones y los registros ordenados por un juez de Orihuela a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras agentes antidisturbios ocupaban las calles adyacentes al Palacio Provincial o custodiaban la puerta de acceso a las oficinas de Ortiz, situadas en la céntrica avenida de Alfonso el Sabio, efectivos de la UDEF procedían a practicar las detenciones para, en presencia de los arrestados, llevar a cabo los registros. Así ocurrió en el caso del presidente de la Diputación, quien primero en su domicilio y después en el Palacio, asistió "tranquilo", según sus abogados, a esta diligencia. Y también en el de Ortiz, aunque al encontrarse en Pamplona, hubo que esperar hasta su regreso, a primeras horas de la tarde, para proceder al registro de las oficinas pese a que su abogado había autorizado que se hiciera en presencia de los apoderados de la empresa. También para uno de los empleados de Inusa, el encargado de la plantas de residuos, la detención y el registro se tuvo que posponer al encontrarse en la misma comitiva de Ortiz que había viajado a Pamplona a las fiestas de San Fermín.
Pasadas las tres de la tarde, y acompañado de sus abogados, uno de ellos el ex Síndic de Agravios Bernardo del Rosal, Ripoll fue trasladado a la Comisaría donde permaneció unas cinco horas en las que no se le permitió recibir al vicepresidente de la Diputación, Domingo Soler, quien se desplazó expresamente "a ver a un amigo, al que siempre estaré a su servicio". Soler aprovechó para defender la legalidad de todos los expedientes.
La declaración del presidente de la Diputación duró apenas diez minutos, según sus letrados, tras lo que quedó en libertad acusado de cohecho, prevaricación y negociación prohibida a los funcionarios, presuntos delitos por que los que ha sido citado a comparecer mañana ante el juez de Orihuela que investiga el caso. La Diputación emitió un comunicado en el que aseguró que Ripoll había sido puesto en libertad sin cargos y sin que hubiera tomado medidas cautelares.
Al filo de las ocho de la tarde Ripoll abandonó la Comisaría camino de su domicilio donde en cuestión de minutos se dieron cita amigos y colaboradores como Pedro Romero, Lola Peña, Macarena Montesinos o Juan Espinar, entre otros.

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