La adjudicación del Plan Zonal de Residuos en la Vega Baja, es decir, las instalaciones con las plantas y vertederos que albergarán las basuras de toda la comarca, tuvo un inicio polémico. Estuvo bajo sospecha antes y, sobre todo, después de su adjudicación y cuando parece que las aguas estaban calmadas la Fiscalía Anticorrupción ha generado un maremoto con una operación policial contra la corrupción sin precedentes en la provincia.

El Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la zona XVII correspondiente a la Vega Baja adjudicó por unanimidad el 3 de enero de 2008 toda la obra pública de este Plan Zonal a la unión de empresas Cespa-Ortiz. La explotación de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en los 27 municipios de la Vega Baja es un negocio millonario. El Consorcio pagará un canon anual de 18 millones de euros durante dos décadas a la adjudicataria del Plan Zonal.

Los nombres de los personajes que ayer estuvieron en la palestra en el marco de los registros policiales y detenciones ordenados por la Fiscalía Anticorrupción ya sonaron en su día, cuando la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cespa-Ortiz fue la mejor valorada por la comisón técnica de la Diputación que adjudicó el proyecto. Precisamente esta UTE no presentó una oferta de suelo en firme en Torremendo (pedanía oriolana donde se instalará el vertedero) pese a que puntuaba a la hora de obtener la adjudicación. Es ahí donde entra de nuevo en juego el nombre del oriolano Ángel Fenoll. El empresario, que no había obtenido la contrata municipal de las basuras de Orihuela pese a su empeño por conseguirla, estaba detrás de la operación de compra venta que realizó la empresa de Ortiz en Torremendo.

Cespa-Ortiz adquirió unos 600.000 metros cuadrados de una finca que previamente había sido comprada por Proambiente, empresa de limpieza propiedad de Ángel Fenoll. Los terrenos de la finca La Pistola, que así se llama, los adquirió Fenoll días antes de presentarse las plicas para el concurso del Plan Zonal de Residuos y justo dos meses antes de las elecciones municipales y del estallido de la Operación Brugal, aún bajo secreto sumarial y que supuso la encarcelación del empresario oriolano, su hijo y el gerente de Proambiente y edil de Albatera, Javier Bru. Lo curioso es que ese suelo, previamente, había sido rechazado por los técnicos para la instalación del vertedero y calificado como "no apto" para las instalaciones. De repente, sí valían tras unas "subsanaciones". El grupo socialista llegó a preguntar en un pleno al concejal Manuel Abadía, detenido ayer, si había intervenido en la compra-venta de esos terrenos, hechos que el PSOE nunca pudo confirmar, aunque sí lo sugirió. Abadía, antes de ser edil, fue corredor de fincas.