El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante y ha levantado la suspensión cautelar del plan Rabasa. Aunque la resolución no se ha hecho aún pública y se desconocen las condiciones de la misma, todo apunta a que el tribunal podría desbloquear la instalación de Ikea y permitiría la tramitación y ejecución del plan Rabasa hasta tanto se pronuncie sobre la legalidad del plan, una decisión que se calcula que se demorará un mínimo de dos años.
La decisión del máximo órgano judicial de la Comunidad, que se recoge en un auto que se prevé hacer público en breve, supone un importante alivio para el Ayuntamiento, especialmente para la alcaldesa, Sonia Castedo, y para Ikea, que han apostado firmemente por implantar las instalaciones de la multinacional del mueble y su centro comercial en los terrenos de Rabasa.
La resolución supone además rectificar otra de diciembre del pasado año en la que acordó paralizar de forma cautelar la tramitación del plan Rabasa hasta pronunciarse sobre la legalidad de este macroplan urbanístico que fue recurrido por el Gobierno central a través de la delegación del Gobierno de Valencia, por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) y por los partidos políticos PSOE y EU.
El recurso del Gobierno central se fundamentaba, especialmente, en la falta de garantía en el suministro del agua, un argumento importante si se tiene en cuenta que en estos terrenos de Rabasa se prevé la construcción de 13.500 viviendas, de las que más de 8.000 serán de protección oficial, lo que supondrá alrededor de 40.000 habitantes. Por lo que respecta a la PIC, PSOE y EU, en todos los casos dejaban claro que apoyaban la implantación de Ikea en la ciudad pero se oponían a este macroplan y a su tramitación al margen del Plan General de Ordenación Urbana.
Contra la suspensión cautelar del plan Rabasa, y por tanto, de la instalación de Ikea en sus terrenos, los servicios jurídicos municipales apelaron aportando una amplia documentación en la que se intentaba demostrar que el suministro de agua potable para las necesidades de la población prevista en toda Rabasa está garantizada.
Como se recordará, el TSJ no dio credibilidad a un informe de Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa mixta municipal encargada del suministro del agua potable, en el que se indica que los 5,5 hectómetros cúbicos que se precisan para atender a la población prevista en Rabasa se garantizan con la construcción de la desalinizadora de Mutxamel, que aportará anualmente a la ciudad el doble de la cantidad citada , según acuerdo suscrito con la empresa nacional Acuamed. En sus alegaciones contra la paralización, el Ayuntamiento también aportó la revisión del PGOU, actualmente en fase de aprobación, para demostrar que se incluye el Plan Rabasa, pese a que se tramitó y aprobó definitivamente al margen del mismo.
La paralización cautelar del Plan Rabasa la tomó la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ, presidida por Edilberto Narbón.
