La suspensión cautelar del plan Rabasa tomada en diciembre pasado por el TSJ y ahora levantada por el propio tribunal se justificaba mediante un auto en el que se destacaba la defensa del medio ambiente frente al "interés desarrollista", en una apuesta clara por la sostenibilidad. Así, en la resolución se indicaba que "al hacer la ponderación de los intereses en conflicto, sopesamos, frente al desarrollista, el de defensa y protección del medio ambiente y nos parece este último más relevante, más necesario de protección".
En el auto judicial también se hacía una amplia referencia a las grandes dimensiones del plan Rabasa, con sus más de cuatro millones de metros cuadrados y advertía de que "no es razonable, en principio, desde perspectivas medioambientales una utilización del suelo que supere los umbrales que la propia Administración determina, ni es razonable la utilización del suelo que implique una alteración de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana, ni es razonable una reclasificación del suelo no urbanizable al margen del Plan General de Ordenación Urbana".
El auto tamibén recalca que la Generalitat aprobó el plan Rabasa en contra de las exigencias de su normativa sobre sostenibilidad.
