El Gobierno valenciano echó ayer el freno a la reforma del Estatuto de Autonomía con el fin de igualarse a Cataluña tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Carta Magna catalana. La portavoz del Consell y titular de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, manifestó ayer que la sentencia del TC es un "ajuste" a la Constitución y por lo tanto Cataluña "no ha asumido más competencias que las que tenemos en la Comunidad Valenciana u otras autonomías". "No ha habido una asunción de competencias por encima de las que tenemos asumidas el resto de autonomías", subrayó la consellera.

Sánchez de León, quien hizo estas manifestaciones en rueda de prensa al finalizar un acto de la Comisión de Seguimiento de la Presidencia española de la UE, apuntó además que siguen manteniendo los recursos valencianos al texto catalán en materia de agua y financiación. Explicó que están "a la espera de tener la sentencia" del Estatut catalán para analizarla aunque "de lo que hemos tenido conocimiento, podemos constatar que lo que se ha hecho es ajustar el estatuto de Cataluña a la Constitución". En cuanto a los recursos en agua y de financiación, señaló que el Consell los mantiene y está a la espera de la resolución por parte del TC, por lo que los pronunciamientos al respecto los harán cuando tengan un conocimiento "más detallado" del fallo del tribunal.

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con las que el día anterior, en los pasillos de las Cortes, realizó el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quien anunció de forma solemne que el Gobierno valenciano iban a estudiar el fallo y todas las competencias que se reconozcan constitucionales para Cataluña lo han de ser para la Comunidad, por lo que "aplicaremos la cláusula campus e iniciaremos la reforma del Estatuto, como en agua y financiación". Ayer, el Consell, con todo, rebajó el tono de forma ostensible.

Fuentes del PP apuntaron que fue el propio presidente Francisco Camps quien instó a Sánchez de León para que moderara el anuncio. Otras fuentes vieron la mano de Génova tras la matización. Elevar a los altares el Estatuto catalán es útil de puertas adentro pero fuera alimenta la tesis de la derrota del PP en la sentencia y da alas a grupos como Compromís que, por boca de su portavoz en las Cortes, Enric Morera, consideró "gravísima" la "desautorización" de la portavoz del Consell a Castellano y al conseller de Economía, Gerardo campus, quien en el pasado también habló de aplicar la cláusula campus en función del fallo del TC. Morera habló de "un acto de cobardía de un Consell" e insistió en pedir la reforma inmediata del Estatuto para asumir más competencias.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó ayer que el "problema de los valencianos no es el Estatuto, sino quién gobierna y quién lo desarrolla", y criticó que el presidente Francisco Camps "quiere hablar de cualquier cosa con tal de no solucionar las dificultades de los valencianos". Alarte, quien hizo estas declaraciones en Dénia, dentro de su recorrido por todos los municipios de la Comunidad, avaló la postura al respecto del portavoz en las Cortes, Ángel Luna, y calificó de "absolutamente inoportuno, imprudente y precipitado" evaluar en estos momentos "los efectos de la sentencia del Estatut de Cataluña sobre el valenciano". El líder del PSPV defendió la vigencia del actual texto aprobado en 2006 con "un amplio pacto político".

El máximo dirigente socialista destacó que el problema de los valencianos en estos momentos "no son los complejos de inferioridad de Camps ni sus maniobras publicitarias para hablar de cualquier cosa". En concreto, Alarte señaló que sus problemas "son el modelo productivo, los 600.000 parados, el necesario desarrollo de un nuevo modelo de urbanismo territorial, la reindustrialización y la situación de los jóvenes".