Dueñas de sus horarios. Así es como enfocaron ayer su trabajo ante la juez las prostitutas que acudieron al juzgado de lo Penal número 8 de Alicante, donde fueron citadas como testigo en relación a la causa abierta contra M. A. H. y su compañera sentimental, G.M.J., acusados de explotación laboral a decenas de mujeres que alternaban en cuatro viviendas propiedad de los procesados.
La de ayer fue la segunda sesión de un juicio que por primera vez en la provincia intenta aclarar si hay explotación laboral en el ámbito de la prostitución. La sesión reunió a nueve intérpretes dada la variada procedencia de las testigos y a ella estaban llamadas diez prostitutas -dos por parte de la Fiscalía y el resto por la defensa- aunque finalmente sólo comparecieron la mitad. Entre las declaraciones se pudo escuchar a una de las dos denunciantes, una joven que precisamente ayer se retractó de sus primeras afirmaciones ante la Policía y dijo que la jornada laboral dependía de ella misma. Esa es la versión que dieron ayer las prostitutas que asistieron al juicio, quienes indicaron que el precio de los servicios era de 15 euros (10 para ellas y 5 para la casa de citas) y que por tanto la proporción les beneficiaba. Agregaron que si hacían exceso de horas era porque querían, ya que así ganaban más. "Yo en una semana he llegado a cobrar unos 600 ó 700 euros", afirmó una de ellas. Precisaron que los turnos de 24 horas que según el fiscal se realizaban en estas casas de citas se debían a que las chicas se quedaban a dormir. Asismismo, negaron hacinamiento en las viviendas, lo que contradice el informe policial que indica que durante los registros había 12 mujeres en una habitación. También dijeron que los cuadrantes que halló la Policía con el nombre de cada una de ellas, cliente y ganancias los rellenaban ellas mismas. Sólo una de ellas indicó que no era libre para salir de una de las viviendas. Dijo que para irse de la casa había que pedir permiso a la encargada y que disponía de una hora y media para hacer la compra. Por su parte, la encargada de esta vivienda declaró que las chicas eran libres, que se autoregulaban sus horarios y que hacían los servicios que ellas decidían. Dijo que se quedaban en la casa si ellas buscaban trabajo y negó ante las preguntas del fiscal cualquier regulación en su trabajo que no fuera la que ellas mismas imponían. Agregó que los 5 euros que se quedaba la casa por los servicios eran para sábanas, preservativos, luz y comunidad.
