Tras cuatro años y medio de ausencia, el Defensor del Pueblo valenciano, en la persona de José Cholbi, volvió ayer a pisar la comisión de Peticiones de las Cortes para informar de la memoria anual de una institución cuyo control político se han disputado sin miramiento PP y PSPV. La última vez que un Síndic compareció en comisión fue el 29 de noviembre de 2005, cuando Bernardo del Rosal explicó el informe de 2004. Con ese lastre a cuestas y la reciente resolución en la que avaló la censura de fotos sobre el caso Gürtel en el MuVIM, compareció ayer Cholbi. El alto comisionado eludió pronunciarse sobre el asunto en una intervención en la que dejó caer, con más dureza que en la propia memoria, varias cargas de profundidad hacia el Consell, como la exigencia, en el caso de personas dependientes que fallecieron, que resuelva los expediente y pague a las familias "desde el día siguiente a la solicitud hasta la fecha de defunción". Y ello, pese a que las medidas del Gobierno central han suprimido la retroactividad.
Tanto el socialista Diego Macià, como Enric Morera, de Compromís, le reprocharon que no haga seguimiento ni defienda posteriormente ante la Generalitat sus recomendaciones que, de este modo, quedan en papel mojado, como la que pidió a RTVV que respete la pluralidad política. Fue duro en ámbitos como el urbanístico. Exigió que no se acometan PAI sin informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la existencia de disponibilidad de recursos hídricos. Cholbi apeló ante los periodistas a su "independencia" frente a las críticas de partidismo en la resolución en la que avaló la censura de fotos Gürtel en la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus. "No hay fuerza humana capaz de romperme mi independencia", aseveró.
