29 de junio de 2010
29.06.2010

Los abogados de Camps barajan llamar al número dos de Gürtel como testigo de la defensa

El objetivo es intentar rescatar como prueba exculpatoria las conversaciones favorables al jefe del Consell que fueron declaradas nulas

29.06.2010 | 02:00

La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes no descarta citar al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, para que ratifique ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el contenido de las conversaciones que mantuvo en la prisión de Soto Real con un abogado en las que aseguró que el jefe del Consell se pagó las prendas encargadas a Milano y Forever Young. Esta opción se baraja para rescatar como medio de prueba unas grabaciones que favorecen al presidente Camps, pero que se obtuvieron de manera ilegal.
Las conversaciones del número dos de la trama con el abogado Ignacio Peláez, consideradas por el Consell claramente exculpatorias, no fueron incorporadas a la causa separada sobre Gürtel que instruyó el magistrado José Flors y que el TSJ-CV acabó dando carpetazo en agosto de 2009. Al reactivarse el pasado 12 de mayo por orden del Tribunal Supremo el proceso contra Camps y tres imputados más por un presunto delito de cohecho impropio el jefe del Consell anunció su intención de utilizar estas transcripciones como pruebas exculpatorias. Sin embargo, existen serias dudas de que Flors acepte como medio de prueba la transcripción de unas conversaciones fruto de unas escuchas que fueron declaradas nulas el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo. Además, una reciente sentencia del alto tribunal arroja todavía más interrogantes sobre la validez de estas transcripciones, ya que concluye con carácter general que la interceptación de las comunicaciones entre abogado y cliente es ilegítima y las pruebas obtenidas "radicalmente nulas".
Sin embargo, fuentes jurídicas conocedoras de los entresijos de este proceso mantienen que el escollo de la nulidad de las escuchas puede salvarse de varias maneras, entre ellas, llamando a declarar a los protagonistas de las conversación; en este caso Pablo Crespo y Peláez o bien remitiendo al juez una declaración de los protagonistas ratificando el contenido de las escuchas. También se estudia pedir algún tipo de prueba pericial. De hecho, desde el entorno de Camps no se descarta ninguna vía, ya que estiman que la declaración de Crespo refuerza la versión del presidente de que se pagó los trajes de su bolsillo, por lo de una manera u otra, aseguran, deben ser tenidas en cuenta. La decisión de llamar a Crespo podría incluso partir del propio juez instructor.
El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, dijo ayer no descartar "en ningún caso" que miembros del Consell vayan a ser citados a declarar como "imputados" en el procedimiento. "Es evidente -apuntó el síndic del PSPV- que si se confirma lo que dice el informe de la Oficina de Auxilio Judicial, ahí se han producido operaciones que rozan la prevaricación. Y el delito de prevaricación tiene diez años de prescripción. No se trata de regalos y de cohechos pasivos impropios que prescriben a los tres años, sino de delitos de prevaricación que prescriben a los diez años y que, por tanto, al menos tienen que ser investigados y tienen que ser analizados por los órganos judiciales. Y, si fuera el caso, juzgados". Enric Morera, de Compromís, reclama a los dirigentes del PP que "asuman responsabilidades" para no dañar aún más a las instituciones.

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