Las administraciones públicas de la provincial siguen tirando de crédito para resolver los importantes problemas de liquidez que les ha acarreado la crisis económica. A pesar de los llamamientos del Gobierno central y de Bruselas para que se controle el endeudamiento, sólo durante el primer trimestre del año los ayuntamientos alicantinos y la Diputación provincial aumentaron en un 19% el volumen de préstamos que mantienen con las entidades financieras de la zona, según consta en el último boletín estadístico del Banco de España.
Así, al cierre de marzo el saldo vivo de los créditos que las administraciones públicas de la provincia tenían con bancos y cajas ascendía a 1.443,5 millones de euros, 231 millones más que en diciembre de 2009 y casi 367 más que un año antes, según las citadas fuentes. El aumento resulta todavía más llamativo si se tiene en cuenta que esta cifra no incluye las obligaciones ni las emisiones que hayan podido realizar las corporaciones ni tampoco la deuda que mantienen con sus proveedores.
Con estos precedentes no es de extrañar que la mayoría de los responsables de las finanzas municipales pusiera el grito en el cielo cuando el pasado 24 de mayo el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto con las medidas para reducir el déficit, que incluía una prohibición expresa a las corporaciones locales para solicitar nuevos créditos, además, con carácter inmediato. Al final el Gobierno rectificó y la prohibición entrará en vigor a partir del próximo enero, por lo que es de esperar que las cifras de endeudamientos sigan subiendo hasta final de año.
Según el Banco de España, en estos momentos el volumen de préstamos que ayuntamientos y diputaciones de todo el país tienen pendientes de devolver asciende a 33.646 millones. Esta cantidad es el equivalente al 3,4% del PIB, que sería aproximadamente toda la riqueza que se genera en la provincia de Alicante a lo largo de todo un año. Pero, a ella, habría que sumar otros 2.440 millones en obligaciones y una deuda de 8.176 millones a través de las empresas públicas que dependen de los consistorios.
Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) no pueden sino admitir la "grave situación" por la que atraviesan las arcas de la mayoría de los municipios, que califican como "asfixiante". Por una parte, intentan justificarse denunciando que los ayuntamientos, con la crisis económica, "se han visto obligados a asumir determinadas prestaciones sociales que, en principio, no nos corresponderían", según explican desde la FVMP.
Sin embargo, por otra parte, también reconocen que muchos consistorios no supieron gestionar la abundancia de ingresos que consiguieron durante los años del auge económico, procedentes sobre todo de las licencias de obras y del Impuesto de Bienes Inmuebles. Así, si se observa la evolución del saldo vivo de los créditos de los consistorios alicantinos (ver gráfico), sólo a finales de los años noventa se registró alguna pequeña disminución. Desde el año 2001, a pesar del incremento de ingresos de las haciendas municipales, el endeudamiento no ha dejado de crecer. Ahora muchos alcaldes se encuentran con una caída de los ingresos propios y también de las transferencias del Estado, que les está obligando a tomar decisiones drásticas.
Gastos corrientes
La situación ha llegado a tal extremo que los municipios no están dedicando estos créditos a inversiones, como cabría esperar, sino a sufragar todo tipo de gastos corrientes, incluidas las nóminas de sus funcionarios como hace unas semanas reconocía la propia presidenta de la FVMP, Elena Bastidas. La pregunta que ahora se hacen muchos es qué ocurrirá el próximo año cuando no puedan solicitar más dinero a las entidades financieras.
