La Asociación Provincial de Hostelería de Alicante reclamó ayer al Gobierno que abra una nueva ronda de negociaciones antes de aprobar definitivamente la ley que impedirá fumar en todos los establecimientos públicos. Decisión que complicará el futuro, según los hosteleros, de gran parte de los 16.000 restaurantes, bares y cafeterías de la provincia que proporcionan 140.000 empleos fijos, según los datos aportados ayer por María José San Román, presidenta de la asociación. San Román recordó, en este sentido, que "sólo la legislación de Irlanda, Reino Unido y Chipre establece la prohibición total de fumar y nos consta que esta hay establecimientos que ya lo están notando". Según los hosteleros alicantinos la medida que se vota hoy en el Congreso provocará daños irreversibles en las microempresas y negocios familiares que son mayoría en el sector".

El Ministerio de Sanidad, impulsor de la Proposición de Ley que se debate hoy, se ha negado a aceptar las valoraciones de los hosteleros y sostiene que las empresas de hostelería no van sufrir pérdidas, sino que, al contrario, van a aumentar su negocio, porque así ha ocurrido en otros países donde se ha impuesto la prohibición total, según el Ejecutivo.

Los hosteleros denuncian, sin embargo, que "no ha ocurrido eso en Irlanda, donde los bares y restaurantes han sufrido pérdidas muy graves en el número de establecimientos, y también en la facturación y en el empleo. Tampoco ha ocurrido en el Reino Unido, donde desde que se impuso la prohibición total se está cerrando un gran número de pubs, como nunca antes en su historia", subrayó ayer en un comunicado la Asociación Provincial.

"Por negarse a aceptar lo que los hosteleros hemos venido diciendo, el Ministerio también se negó a reconocer públicamente que la prohibición total sólo se había impuesto en una exigua minoría de los países de la UE".

El Ministerio ha rechazado también a la petición de los hosteleros para que desde el propio Gobierno se hiciera un estudio del impacto económico de la aplicación de la prohibición total, como también se ha pedido desde otros grupos políticos. "Negarse a realizar este estudio para detectar las posibles pérdidas es una irresponsabilidad y un error que no sólo puede arruinar a miles de pequeñas empresas, con la consiguiente pérdida de empleo, sino que también, en estos momentos de crisis general, puede traer muy graves consecuencias para la economía de España, dado el peso que el sector tiene en el conjunto del sistema, el 6 % del PIB, advirtieron ayer desde la asociación.