informacion.es

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, esperará a la resolución judicial sobre el plan Rabasa para llevar adelante la implantación de Ikea, a pesar de que la modificación del artículo 95 del PGOU permitiría la posibilidad de realizar esa instalación sin tener que esperar a la decisión de los tribunales.

Castedo ha realizado estas declaraciones a los periodistas al término de la popular mascletá que se ha celebrado en la Plaza de los Luceros, en el marco de los actos de las Hogueras de San Juan.

La alcaldesa ha explicado que esa modificación permitirá que, "en el momento en el que lleguen a un consenso todas las partes implicadas", no sea condición "necesaria" la resolución judicial del Plan Rabasa para la instalación de un centro de Ikea en la ciudad.

Castedo ha expresado su deseo de que la citada resolución salga "cuanto antes" y ha indicado que, una vez se le "dé la razón al Ayuntamiento" por haber actuado "correctísimamente", se ejecute un "desarrollo conjunto" del plan Rabasa que prevea la implantación de Ikea.

No obstante, ha precisado que no era necesario esperar a esa resolución, puesto que existen posibilidades, con la modificación del artículo 95 del PGOU, de poder llevar adelante la instalación de Ikea sin tener que esperar.

A pesar de ello, el gobierno municipal, del PP, considera preferible que haya una sentencia favorable y que se pueda ejecutar todo el plan contemplando Ikea.

Si la resolución se demorase mucho en el tiempo, se estaría en disposición de poder llevar adelante la construcción de Ikea con la modificación del artículo 95 del PGOU.

También ha explicado que el acuerdo de las partes para la posible instalación del centro comercial incluirá una "cláusula" en la que el consistorio quedará "salvaguardado" en el caso de que el proyecto no salga adelante finalmente.

"El Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad económica de ningún tipo" al respecto, según la alcaldesa, quien ha añadido que Ikea es "una empresa que se quiere" implantar y a la se le darán "todas las facilidades", una vez se haya acordado su puesta en marcha.

Según Castedo, la corporación municipal "queda absolutamente salvaguardada de cualquier reclamación que, en el futuro y por los motivos que sean, pudiera tener la empresa".