La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró ayer que la crisis y los recortes del Gobierno ponen en una "situación límite" los servicios públicos de la ciudad, por lo que aseguró que esta misma semana se dirigirá al presidente del Ejecutivo para proponerle una medida "provisional" que permita al Ayuntamiento destinar el dinero que obtenga por la venta de suelo municipal a gasto corriente y no a inversiones. Es decir, que se cambie la ley para que estos ingresos no tengan que utilizarse de forma obligada a financiar obras y proyectos, sino también servicios como "transporte público, la recogida de basuras, la limpieza de la ciudad o las ayudas sociales que se les dan a las familias", destacó la alcaldesa. El portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, opina que la decisión de aceptar o no la petición "corresponde a las Cortes españolas", si bien ha indicado que de salir adelante "exigimos la creación de una comisión para garantizar la transparencia".
Castedo aseguró que "esta misma semana" pedirá por carta al presidente del Gobierno que "nos permita de forma provisional que los ingresos por la venta de suelo patrimonial que tiene la ciudad no tengan que ir a inversiones, sino que lo podamos destinar a gasto corriente, porque de las inversiones podemos prescindir en una situación como la actual, pero no queremos prescindir de ninguno de los servicios públicos".
La alcaldesa explicó que "a día de hoy no es legal" hacerlo, pero pide que "de la misma forma que se emprenden medidas provisionales por la situación de crisis, por favor se puedan mantener los servicios públicos". Al respecto, incidió en que "no queremos quitar un día de recogida de basuras, ni prescindir del bono oro de la gente mayor para el transporte público, ni reestudiar las líneas de autobuses, ni que el ciudadano sufra aún más los efectos de la crisis".
Desde el equipo de gobierno "estamos dispuestos a que nos digan a qué tipo de servicio público podrían destinarse esos ingresos". Castedo se mostró muy pesimista al afirmar que "peligra la continuidad del 100% de los servicios públicos y el año que viene más". Por ello, incidió en que "estaríamos dispuestos a prescindir de todas las inversiones y si una plaza no se hace este año, ya se hará; y si un centro de congresos no se puede iniciar ahora, lo hará al año que viene". En su opinión, "los bienes de Alicante son para los males de Alicante", por lo que insistió en su petición al Gobierno tras asegurar que esta medida no perjudicará la creación de viviendas de protección oficial. Castedo advierte de que "las administraciones locales están ahogadas" y que de no tomar medidas "habría que cerrar los departamentos de Acción Social que ayudan a las personas necesitadas de la ciudad".
En el presupuesto municipal de este año, el gasto corriente asciende a 91 millones de euros y la previsión es de ingresar 3,7 millones por la venta de patrimonio. Durante el año 2009, el Ayuntamiento optó por no sacar a la venta terrenos y no incluyó en sus cuentas ningún ingreso por este concepto tras el fiasco de 2008, cuando la subasta de una parcela en San Blas quedó desierta.
Roque Moreno apuntó que existen otras medidas de ahorro para las arcas municipales como ajustar las contratas municipales.
Satisfacción por el AVE
La alcaldesa consideró ayer "una noticia magnífica" que el ministro de Fomento, José Blanco, reiterara ayer que el tren de alta velocidad llegará a Alicante en la fecha prevista, en 2012.
