16 de junio de 2010
16.06.2010
COMUNITAT VALENCIANA

Les Corts aprueban el recorte salarial a los funcionarios y altos cargos

También se ha dado el visto bueno a la agilización de los trámites urbanísticos para incentivar la creación de empleo

16.06.2010 | 18:45

informacion.es

El pleno de Les Corts Valencianas ha aprobado hoy sendos decretos ley de medidas contra la crisis, que contemplan la reducción del salario de los trabajadores públicos y de los altos cargos así como la agilización de los trámites urbanísticos para incentivar la creación de empleo.

Las acusaciones al Gobierno central como responsable de una crisis económica que obliga a la Generalitat a adoptar medidas que no tenía previstas ha sido el argumento más escuchado en los bancos populares, mientras que la oposición ha recriminado al PP su intento de utilizar la crisis como pieza de desgaste contra el Ejecutivo.

A pesar de sus diferencias, populares y socialistas han votado juntos el decreto ley por el que se aplica en la Comunitat Valenciana el recorte de sueldo a los funcionarios y altos cargos decidido por el Gobierno central, y que supondrán rebajas del 5%.

Esta cantidad oscilará entre el 8 y el 15% en el caso de los altos cargos, lo que supondrá que el president de la Generalitat, los vicepresidentes y consellers perderán un 15% y los secretarios autonómicos un 10%, mientras que los subsecretarios experimentarían una reducción del 9% y los directores generales un 8%.

El conseller de Economía, Gerardo Camps, quien ha sido el encargado de defender el proyecto de ley ante la Cámara, ha señalado que el Gobierno valenciano se ha visto "obligado" a aplicar "por imposición" una medida que no entraba en sus planes, y que a su juicio es consecuencia de la "incompetencia" del Ejecutivo central.

La diputada del PSPV-PSOE María Dolores Huesca ha culpado al Consell de forzar al Ejecutivo a tomar medidas como ésta porque "su déficit y su deuda se imputan al Estado", y ha recordado que cuando el PP presidía el Gobierno central redujo en un 3% el poder adquisitivo de los funcionarios, mientras los altos cargos se "subían un 30%" el sueldo.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, y el diputado de EU Lluís Torró han acusado al PP de utilizar el decreto del Gobierno como excusa para "incumplir los acuerdos que tenían con los empleados públicos", como era el caso del desarrollo de la carrera profesional, y que ahora quedan aplazados.

El PP sí ha sacado adelante en solitario el decreto ley de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo, con una modificación de la normativa urbanística que permitirá "simplificar" los trámites administrativos.

El decreto, que será tramitado como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, ha sido rechazado por la oposición en bloque, que ha criticado que desde la Generalitat se ha utilizado este decreto para modificar el régimen jurídico de empresas públicas como VAERSA, y así hacerlas "más opacas".

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, que ha sido el encargado de presentar el texto en la Cámara, ha explicado que el decreto pretende "simplificar" los trámites administrativos, facilitar el desarrollo de actividades que creen empleo e "impulsar y agilizar" la inversión pública.

El diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín ha acusado al PP de modificar "elementos intrascendentes" del urbanismo para "esconder" una reforma de la naturaleza de las empresas públicas, como VAERSA, y crear "un instrumento al servicio exclusivo del conseller de turno", fomentando "el nepotismo" y "huyendo" del control público.

El diputado del PP José Marí Olano, quien ha recordado que VAERSA tiene el mismo régimen jurídico que hace seis años que es equiparable al de la empresa estatal TRAGSA, ha afirmado que son los socialistas los "especialistas en nepotismo y trato de favor" así como en "campañas de difamación".

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha criticado que el PP siga apoyando un "modelo caduco y acabado" que tiene el urbanismo como base y ha lamentado que se reduzcan "las exigencias y garantías" para la defensa del medio ambiente y el territorio frente a "elementos especulativos", mientras que el parlamentario de Torró les ha acusado de incentivar la "economía de la corrupción".

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