Control horario, pocos descansos y recortes en los beneficios por sus servicios como castigo cuando el cliente no quedaba satisfecho. Son algunas de las formas con las que, presuntamente, una pareja explotaba laboralmente a decenas de mujeres, casi todas de nacionalidad extranjera y muchas de ellas sin papeles. La juez del juzgado de lo Penal número 8 de Alicante sentó ayer en el banquillo por primera vez en la provincia a dos acusados -un hombre y una mujer- de explotar laboralmente a prostitutas. Además, a él se le juzga también por tenencia ilícita de armas, ya que la Policía Nacional halló una escopeta en la vivienda del imputado durante los registros que se produjeron en 2009.

Es la primera vez que se juzga un caso por delito contra los trabajadores en el ámbito de la prostitución sin que medien otras infracciones relacionadas con la explotación sexual. Los dos acusados negaron ayer ante la juez ejercer un control sobre los horarios y descansos de las mujeres, pese a que la investigación se desencadenó tras las denuncias de dos prostitutas que aseguraban estar sometidas a un control exhaustivo por parte de los imputados.

Según consta en el escrito de acusación, la pareja admitía en sus viviendas y locales, casi todos en el centro de Alicante, a mujeres que, voluntariamente, querían trabajar a cambio de vivir en estos inmuebles. Las chicas trabajaban para ellos, según indica el texto, sin contrato laboral y sin dar de alta en la Seguridad Social con el objetivo de "aumentar los beneficios de la empresa a costa de restringir o incluso suprimir los derechos laborales". Para ello, imponían precios y tarifas repartidos al 50%, pero se les requisaba una parte cuando el cliente decía que no había quedado satisfecho. Imponían también horarios abusivos en turnos de 12 a 24 horas y en ese tiempo apenas se les permitía salir al exterior. También se les obligaba, según el fiscal, a estar un mínimo de 21 días en las viviendas y a pagar una fianza de 80 euros q ue no se devolvía si no se quedaban ese tiempo. Todo ello en condiciones de hacinamiento: en los registros se llegaron a contabilizar hasta 16 chicas en una habitación en una de las viviendas de la calle Segura. Según se desprende de la investigación realizada, los acusados establecían un seguimiento de los clientes, horarios e ingresos de las trabajadoras.

Los acusados alegaron ante la juez que las chicas "trabajaban libremente" y que las tarifas las ponían ellas tras alcanzar acuerdos con los clientes. Asimismo, negaron cualquier tipo de control sobre sus horarios y su régimen de descansos, e indicaron que eran ellas las que establecían su propia rutina labora. Su abogado, Monserrate Cayuelas, intentó ayer durante la primera sesión del juicio -aún quedan dos jornadas más previstas a finales de mes, donde declararán las denunciantes- desmontar la relación laboral entre los acusados y las mujeres.

La investigación se inició tras la denuncia de dos de las chicas que trabajaban en los locales e inmuebles de los acusados. En ellos se efectuaron varias detenciones por delitos relativos a la prostitución y asociación ilícita. En las primeras declaraciones que efectuaron ante la Policía Nacional, ambas relataron que estaban sufriendo explotación laboral y que se estaba favoreciendo la inmigración ilegal, motivo por el que se efectuaron registros en seis inmuebles, entre ellos, el del propietario de los mismos. Los hechos se calificaron por el fiscal como constitutivos de un delito contra los trabajadores, por los que pide 2 años de prisión para ambos, además de otros 2 para el hombre por tenencia ilícita de armas.