Mientras el caso Gürtel, que afecta directamente al presidente Francisco Camps, se dilata, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, sin embargo, ha dado el paso definitivo para procesar a Mònica Oltra, diputada de Compromís, al apreciar una falta leve de desobediencia a la autoridad durante los incidentes ocurridos en el desalojo previo a un derribo de viviendas en el barrio valenciano de El Cabanyal, hechos que se produjeron el pasado 6 de abril, según han informado fuentes del TSJ de la Comunidad.

Será la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal valenciano, presidida por Juan Luis de la Rúa -amigo de Camps-, la que decida si la diputada de Compromís será juzgada por este órgano o a través de un proceso ordinario. Juan Montero, magistrado instructor, por otra parte, ha rechazado la personación de cuatro diputados -entre ellos Rafael Blasco- y de cuatro concejales del PP, que el pasado 4 de junio formularon una querella contra Oltra, auténtico azote de Francisco Camps en las Cortes y una de las diputadas más destacadas en lo que va de legislatura, por estos mismos incidentes. La Fiscalía anunció que recurrirá a decisión de juzgar a Mònica Oltra, al considerar que no existe una falta de desobediencia.

La diputada, por su parte, mostró su "decepción" después de conocer la decisión del TSJ porque en las grabaciones de las imágenes, dijo, se evidencia que no hay "ningún tipo de desobediencia", al tiempo que aseguró ser víctima de una "persecución". "No me van a amedrentar", dijo la parlamentaria que se enfrenta a una posible multa de entre diez y sesenta días pero, en ningún caso, a una condena de inhabilitación.

Oltra, que se pronunció de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación, expresó su "decepción" porque, según señaló, "realmente pensaba que se iba a archivar, sobre todo al ver las grabaciones, donde se evidencia que no había ningún tipo de desobediencia, ni leve ni grave, ni de resistencia". Además, destacó que parece ser que la Fiscalía "demanda el archivo del caso" porque no ve "ningún indicio de ilícito penal".

"Es lo único positivo que yo saco de esto y es que en una vista pública todo el mundo podrá ver como no hay ningún tipo ni de resistencia ni de desobediencia tal y como plantea la Fiscalía", remarcó, al tiempo que indicó que estudiará recurrir el auto, aunque precisó que todavía no le había sido notificado.

La diputada remarcó que durante esos hechos defendió "la legalidad, la Constitución y el orden de competencias y, sobre todo, a los vecinos de El Cabanyal, sus vidas y sus casas, que están siendo maltratados sistemáticamente" por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. "Lo volvería a hacer igual que lo hice los días 6 y 8 de abril, lo volveré a hacer si vuelven ilegítimamente a poner las máquinas excavadoras en El Cabanyal y seguiré defendiendo a los vecinos" de este barrio, advirtió.