10 de junio de 2010
10.06.2010
40 Años

Una nueva ley obliga a auditar las cuentas locales para poder optar a subvenciones

El voto a favor de PP y Compromís y la abstención de EU aísla en las Cortes al PSPV

10.06.2010 | 02:00
El conseller Rafael Blasco.

El pleno de las Cortes, con los votos a favor del PP y Compromís, la abstención de EU y el único voto en contra de los socialistas, aprobó la nueva Ley de Régimen Local, impulsada por el conseller Rafael Blasco, que, entre otras medidas, tratará de restar opacidad a la gestión de las corporaciones locales: a partir de ahora, todos los municipios, si quieren optar a subvenciones autonómicas, tendrán que remitir, obligatoriamente, sus balances anuales a la Sindicatura de Cuentas para su fiscalización. Durante el debate, de forma directa o con una redacción alternativa, el PP validó un total de 54 enmiendas presentadas por Compromís y EU, entre ellas, la que apuesta por el conocimiento del valenciano o la que permite mantener la ley de coordinación de las diputaciones, una norma que iba a ser suprimida -nunca se ha aplicado- pero que, finalmente, seguirá vigente y que otorga potestad al Consell para controlar las corporaciones provinciales . Ello facilitó que ambas formaciones no se opusieran al texto y, de paso, marcaran distancias con el PSPV, que se quedó sólo en su voto negativo.
La nueva ley obliga igualmente a los alcaldes y concejales a hacer públicos sus bienes y potencia la participación ciudadana con figuras como el Defensor del Vecino. También recoge la creación de un fondo de cooperación. Sin embargo, la normativa es una especie de ley de "punto y final" para el pacto local que se alcanzó en 1999, que el PP nunca ha cumplido y que ha supuesto una merma de 3.00o millones menos en ingresos para los municipios durante la última década. La nueva legislación garantiza la creación de ese fondo económico pero no explicita, en ningún caso, la cuantía y remite a una reglamentación posterior. A eso se agarraron los socialistas, cuyos alcaldes se reunieron en las Cortes para explicitar su protesta, para votar en contra. En todo caso, la cuestión de la reforma de la financiación local, el verdadero caballo de batalla del municipalismo, es una cuestión que compete al Estado. En materia de transfuguismo, restringe los derechos económicos para los ediles que abandonen el grupo municipal por el que se presentaron, mientras que los alcaldes podrán también castigar el absentismo de los concejales.
El socialista Ximo Puig argumentó su voto en contra porque, dijo, la ley "nace muerta" y no supone más competencias ni más financiación para los entes locales. El nacionalista Enric Morera, de Compromís, justificó su apoyoporque "no es una ley del Gobierno, sino que proviene del municipalismo valenciano". Efectivamente, el texto es una propuesta de la Federación de Municipios, consensuada en ese organismo por los partidos. El diputado del PP César Augusto Asencio aseguró que es una ley "buena" y que mejora la "transparencia" de los cargos públicos locales.
Por otra parte, los parlamentarios del PP, durante su reunión de grupo, acordó poner en marcha de inmediato el recorte de los sueldos de los diputados que podrá alcanzar, según el concepto hasta un 15%; extremar el control en viajes, dietas y comidas; y aplicar un tijeretazo también del 15% en las asignaciones de los grupos parlamentarios.

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