En pleno debate sobre la contención del gasto y la austeridad en las Administraciones, un dato incita a la inquietud: Nada menos que nueve fundaciones públicas -entidades que se nutren del presupuesto de la Generalitat pero que resultan opacas al control de la oposición- disfrutan de 14 tarjetas de crédito o débito mientras cuatro organismos del Consell cuentan con 8, según la información por escrito remitida a las Cortes por el vicepresidente económico, Gerardo Camps, en respuesta a las solicitudes de documentación de Compromís. En total, directivos de entidades del Ejecutivo o fundaciones dependientes del erario manejan 22 medios de pago electrónico. La última vez que el Consell dio información, hace cinco años, reconoció 13 tarjetas, si bien entonces no habló de las fundaciones: O no disponían de este medio de pago o se escamoteó el dato.
Según la información de Gerardo Camps, ningún conseller o alto cargo en el ámbito de la Administración goza de tarjeta de crédito o débito. En cambio, en el sector público valenciano (que engloba a organismos y empresas públicas) sí se tiene ese privilegio. Los responsables del Instituto de Finanzas, que dirige Jorge Vela, disponen de nada menos que cinco. Es el organismo con más tarjetas. Un dato a tener en cuenta tras la escandalera que provocó en junio de 2005 la revelación de que el ex responsable del IVF, José Manuel Uncio, había pagado con una de ellas hasta productos de aseo personal. Además del "banco" del Consell, el Instituto de la Vivienda, el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública y el Institut d'Investigacions Agràries cuentan con una tarjeta cada uno.
La sorpresa es que en ámbito de las fundaciones en las que el Consell tiene una participación superior al 50% es donde más abundan. Hasta 14 existen en nueve fundaciones. Entre ellas, la de la Universitat Internacional de València, que dirige el ex conseller y responsable del Centro Reina Sofía, José Sanmartín, con dos tarjetas; la fundación Tolerancia Cero, con una; el Institut Portuari d'Estudis i Cooperació (fundación Feports), con una; el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), dos; así como varias fundaciones investigadoras ligadas a hospitales y al Centro Príncipe Felipe.
La oposición ha denunciado reiteradamente que las fundaciones escapan al control, tanto de la Sindicatura (que hace una revisión mínima de varias cada año), como de las Cortes. El ejemplo más flagrante es la fundación para la visita del Papa. Cuatro años después todavía no se sabe exactamente el coste del evento ni los proveedores de la fundación. A diferencia de los pagos ordinarios, que previamente deben ser autorizados, en el caso de las tarjetas primero se realiza el desembolso y luego hay que aportar justificantes.
Rafael Betoret tenía tarjeta
A raíz del caso Uncio, el conseller de Economía informó de que sólo un conseller, el ex titular de Empresa, Justo Nieto, disponía de tarjeta. Las otras doce eran de empresas y organismos. Sin embargo, en un tenso debate en las Cortes, el actual eurodiputado Andrés Perelló puso en evidencia al Consell al revelar que otro miembro del Ejecutivo, la entonces titular de Turismo y ahora presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, contaba con Visa. Gerardo Camps explicó después que esa tarjeta era como presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, que contaba con dos.
En la respuesta de la actual titular de Turismo, Belén Juste, se desliza que "las tarjetas" que tenía la AVT "fueron canceladas en 2009". No especifica la fecha, aunque el dato no deja de ser curioso porque es el año del escándalo Gürtel, que estalló en febrero de 2009, y que tuvo a la AVT en el epicentro. Las dos Visa que reconoció Camps en 2005 eran de Martínez y de su entonces jefe de gabinete, Rafael Betoret, implicado junto con Camps, Ricardo Costa y Víctor Campos, en la causa de los trajes por aceptar supuestamente regalos de la trama Gürtel. Los cargos que pudieran hacerse con estas tarjetas podrían resultar jugosos.
"¿Qué urgencias hay?"
Ayer, la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra hizo esta reflexión: "Las tarjetas de crédito se utilizan bien para aplazar pagos a final de mes, bien para hacer pagos urgentes si no se dispone de metálico. ¿Qué urgencias puede tener una fundación?". "Este mecanismo de distracción de recursos públicos debería ser controlado por la Justicia, igual que reclamamos en su día los contratos menores y al final se vio que era a través de éstos como engordaba la trama Gürtel", aseveró Oltra.
