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Más de 230.000 empleados públicos de la Comunitat Valenciana están llamados a la huelga general convocada por UGT, CCOO y CSI·F para mañana contra los recortes salariales aprobados por el Gobierno, que suponen "la mayor agresión que ha sufrido el sector público" y no tendrán efectos en la salida de la crisis.
Responsables de los tres sindicatos han denunciado hoy en rueda de prensa una "campaña de descrédito" hacia los funcionarios y un "deterioro de su imagen", y han defendido que hacen su trabajo con "honestidad, eficacia y vocación" y son los que aplican y desarrollan el Estado del Bienestar.
Han criticado al Gobierno por haber "conculcado" el derecho a la negociación colectiva y haber "incumplido" el acuerdo suscrito hace unos meses a pesar de que éste recogía una "contención salarial de solo el 0,3% de incremento retributivo", ha manifestado el presidente de CSI·F, Daniel Matoses.
Los recortes salariales "pueden contribuir" al deterioro del sector público, según Matoses, para quien las medidas del Gobierno suponen "jugarse la supervivencia" del sector público.
Matoses ha afirmado que la sociedad no tiene un conocimiento exhaustivo del sector público y una parte de ella solo relaciona a los empleados públicos con el ámbito "funcionarial-burócrata", que es el que gestiona el reconocimiento al derecho de las pensiones o del desempleo.
Según el secretario general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO-PV, Arturo León, más del 60% de las retribuciones brutas de los funcionarios no supera los 1.500 euros al mes y además los empleados públicos tienen que superar pruebas que preparan durante años y tienen grandes responsabilidades, como es el caso de los bomberos, los profesores y los médicos.
Para el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, Luis Lozano, las medidas del Gobierno para la salida de la crisis son "injustas, no equitativas e ineficaces" porque el principal problema que es el paro no se va a resolver con las propuestas del Ejecutivo.
Lozano ha indicado que el 25% de los empleados públicos son interinos o eventuales y muchos puestos de trabajo van a ser amortizados debido a la crisis, y ha criticado que existe una "campaña de descrédito" sobre lo público y los empleados públicos de "aquellos que están en contra de lo público y muchos medios de comunicación".
Los funcionarios representan el 20% de la población activa y aportan la quinta parte al sostenimiento del sistema de la Seguridad Social, según los sindicatos.
En opinión de Arturo León, hay "intereses muy fuertes" de ir hacia un modelo de empleo precario cuando la apuesta debe ser el empleo estable, "que es lo que se está planteando" en la negociación de la reforma laboral.
"El empleado público no es un absentista que se pasa media mañana desayunando y la otra media leyendo el periódico", ha dicho Matoses.
Los sindicatos consideran que el Gobierno debe rectificar y no poner "todo el peso" sobre los funcionarios y los pensionistas, según Lozano, quien ha propuesto que se luche contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que supone dejar de recaudar 38.000 millones de euros al año.
Respecto a los servicios mínimos, han denunciado que han sido fijados de manera unilateral por parte del Gobierno valenciano y que en algunos sectores -como la educación y la sanidad- son "abusivos", por lo que no descartan recurrir la resolución de la Conselleria de Economía publicada hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Mañana hay convocadas concentraciones a las 18.30 horas, que darán paso a manifestaciones en las capitales de provincia de la Comunitat.
