La rebaja salarial a los funcionarios públicos decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero también tendrá un coste político para el Consell que preside Francisco Camps. La reunión de la Mesa General de Negociación de la Función Pública convocada ayer por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para informar a los sindicatos sobre cómo aplicará el decreto a los empleados públicos de la Generalitat acabó como el rosario de la aurora. Incluso el sindicato CSIF, considerado el más cercano al Ejecutivo, se levantó de la mesa para expresar su malestar. Y es que Economía -el departamento que ha llevado el peso de la propuesta- anunció formalmente a los sindicatos que, además del anunciado recorte del 5%, el Consell bloqueará hasta 2012 el pago de la carrera profesional, un plus retributivo que ya cobran docentes y sanitarios y que, según los acuerdos firmados, deberían haber empezado a cobrar los empleados de la Administración del Consell.

Según los responsables de Economía y Administraciones Públicas -no acudió ninguno de los consellers de ambas áreas-, el decreto de Zapatero impide al Consell liberar este pago hasta dentro de dos años, una interpretación de la norma estatal que no compartieron ninguno de los dirigentes sindicales presentes en la reunión.

Al cabreo de los sindicatos también contribuyó la escasa información que la Generalitat proporcionó. Economía se limitó a informar de que aplicaría la conocida reducción media del 5% en el sueldo base y trienios y en el complemento de destino, a imagen y semejanza del Gobierno central. Eso sí suavizará, aunque mínimamente, el recorte en el complemento específico, donde la reducción oscilará entre el 3 y el 4%. Al igual que el Gobierno estatal la reducción para el grupo E, el más bajo en la escala funcionarial, será del 1%. Durante la reunión y para calmar los ánimos, el secretario autonómico de Economía, José Manuel Vela, dio a entender que también los altos cargos harán sacrificios en su salario. Con todo, no se informó oficialmente de sí el Consell se aplicará la rebaja del 15% propuesta por el Gobierno central y que ya han secundado otras administraciones.