El día que Carlos Fabra ganó las últimas elecciones locales y autonómicas dijo aquello de "el pueblo me ha absuelto en las urnas". Ahora podría darse la gran ironía de que sea el pueblo, un tribunal popular, quien tenga que juzgarlo de verdad. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha dictado un auto en el que acuerda "transformar" las diligencias penales abiertas desde hace más de 6 años contra el líder provincial del PP y otros 12 imputados en "procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado", según informó ayer en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En su auto, el juez Jacobo Pin entiende que, "en principio y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado".
De esta manera, el instructor considera que hay indicios suficientes de que en los primeros años de la década de 2000 Fabra y otros mandatarios del PP castellonense mediaron ante altos cargos de los gobiernos de Aznar con la finalidad de beneficiar a Naranjax, una empresa privada fabricante de productos plaguicidas. El gerente de esta firma, Vicente Vilar, en aquellos tiempos socio de Fabra, rompió trato comercial con el líder provincial del PP y decidió, a finales de 2003, querellarse contra él y acusarle de cobrar comisiones millonarias a cambio de hacer favores políticos al más alto nivel.
Pero el auto del juez Jacobo Pin va aún más allá. A los delitos contra la Administración Pública deben sumarse, según el titular del Juzgado de Nules, "otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los delitos contra la Hacienda Pública".
El auto de Pin recuerda que la conexión de todos estos delitos -los que tienen que ver con el cohecho y el tráfico de influencias, por un lado, y los relacionados con el fraude fiscal por otro-, fue "declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castelló el 24 de enero de 2006". Separar la investigación de ambas ramificaciones del caso Fabra "afectaría a la continencia de la causa", según recoge la resolución de Pin apoyándose en la Audiencia Provincial. Además, el instructor da una razón más para que se investigue todo el caso Fabra según la Ley del Jurado: la presunta comisión de los delitos contra la Hacienda Pública del matrimonio Fabra "podría servir para lograr la impunidad de los hechos presuntamente constitutivos de cohecho y tráfico de influencias".
Así las cosas, el próximo 25 de junio los abogados de los imputados y de las acusaciones particulares acudirán al juzgado de Nules para cumplir el primer paso de la Ley del Jurado: "Concretar la imputación, solicitar el archivo o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación".
El auto de Pin llega 12 días después de que el fiscal asegurara a las puertas del Juzgado de Nules que la instrucción del caso Fabra está "prácticamente concluida". La Fiscalía entiende que el informe pericial elaborado por los inspectores de Hacienda sobre las cuentas de la familia de Fabra es "suficiente prueba" para formalizar una acusación por escrito.
Alejado de la política
El auto judicial llega en un momento delicado para Carlos Fabra, que se encuentra convaleciente en Madrid tras una operación de trasplante de hígado. Su estado de salud le impidió acudir a declarar el pasado 21 de mayo a los juzgados de Nules, donde sí que compareció su mujer, María Amparo Fernández.
